Despejado el penúltimo obstáculo político, los países de la Unión Europea (UE) acarician ya su anhelado Tratado de Lisboa, que debe dotar a Europa de instrumentos más modernos para decidir e influir en la escena internacional.

En la cumbre que hoy finalizó en Bruselas, los gobernantes europeos accedieron a conceder al presidente checo, Vaclav Klaus, lo que pedía para completar la ratificación del nuevo tratado europeo en su país, el último de los veintisiete miembros de la UE que falta por hacerlo.

La República Checa quedará exenta de la aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, como ya se había decidido, por motivos diferentes en cada caso, para el Reino Unido y Polonia.

La exención se hará recurriendo a la peculiar ingeniería jurídica comunitaria: mediante un protocolo que no se adjunta al Tratado de Lisboa -para no reabrir las ratificaciones ya cerradas- sino a un próximo tratado, sin duda el de adhesión de Croacia o Islandia a la Unión.

Klaus había exigido esta derogación para neutralizar cualquier hipotética reclamación de los descendientes de la minoría alemana que fue expulsada de territorio checo al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Hoy los socios europeos le recordaron en las conclusiones de la cumbre que sus temores son infundados porque la Carta no se aplicaría en semejante caso, ya que se dirige a "las instituciones, órganos y organismos de la Unión" y no a los individuos, y además no es posible inventarse competencias para la UE que no estén previamente en los tratados.

En la rueda de prensa final, el presidente de turno de la UE, el sueco Fredrik Reinfeldt, se mostró confiado, en vista de "la reacción que nos llega de Praga", en que el mandatario checo no seguirá obstruyendo la ratificación.

El tratado sólo quedaría pendiente entonces de la respuesta que dé el Tribunal Constitucional checo a un recurso presentado por senadores euroescépticos correligionarios de Klaus.

La Corte de Brno tiene previsto pronunciarse el próximo martes y, en principio, dará luz verde al documento, tal y como ha ocurrido en todos los países donde los tribunales han tenido que analizar la compatibilidad del texto con las leyes fundamentales nacionales.

Reinfeldt prometió hoy que, en cuanto eso ocurra, la Presidencia de turno sueca iniciará rápidamente el proceso de consultas que conduzca a la designación de los nuevos cargos que crea el Tratado de Lisboa.

Previsiblemente en una nueva cumbre que se celebrará a mediados de noviembre, los Veintisiete tendrán que elegir al primer presidente estable de la Unión, al sucesor de Javier Solana como alto representante para la Política Exterior -con poderes muy reforzados- y a los miembros de la nueva Comisión Barroso.

Los primeros tanteos realizados en la cumbre de esta semana han revelado que la candidatura del ex premier británico Tony Blair a la Presidencia europea se deshincha porque su propia familia política europea, la socialista, prefiere apostar por el puesto de alto representante.

Con la ratificación definitiva a lo largo de este mes en la República Checa, el tratado podría entrar en vigor el 1 de diciembre.

A continuación, el Parlamento Europeo llevaría a cabo las audiencias y los votos de confirmación de la nueva Comisión Europea -incluido el alto representante, quien también va a ser vicepresidente de la CE- antes de fin de año.

La noticia supondrá un alivio para España, que podrá así comenzar su Presidencia de turno en enero sin ningún tipo de bloqueo institucional ni incertidumbres sobre las reglas del juego.

Una vez asentadas todas las instituciones, a España le corresponderá durante su Presidencia la nada sencilla labor de poner en marcha todas las novedades que incluye el Tratado de Lisboa.

Una de las cuestiones que el texto no aclara es el tipo de relación y reparto de tareas entre el nuevo presidente estable y el presidente de turno del Consejo Europeo.