"Desmantelar la educación pública nos convertirá en un país bananero"

José María Maravall (Madrid, 1942) fue ministro de Educación entre 1982 y 1988. Padre de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), centró su mandato en construir un sistema educativo que garantizara la igualdad de oportunidades. Puso condiciones a las subvenciones públicas a centros privados y cimentó la atención a niños con necesidades educativas especiales. Casi 30 años después de todo aquello, este Premio Nacional de Sociología asiste con preocupación al "ataque más tremendo que ha sufrido la educación pública desde el inicio de la democracia". Maravall responde a las preguntas de Público horas antes de que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) haya sido aprobada por el Consejo de Ministros. Una reforma educativa que, desde su punto de vista,  supone la "ruptura del pacto educativo establecido en la Constitución" y permite "la introducción sistemática de la discriminación". 

¿Peligra la educación pública en España?

La actual política educativa y la futura ley constituyen un torpedo contra la educación pública. Es el ataque más tremendo que ha sufrido la educación pública desde el inicio de la democracia. A mi juicio, constituye un ataque a lo que significaba la Constitución al regular la Educación. El artículo 27 de la Constitución constituye el verdadero pacto educativo y la política educativa que se está siguiendo y la nueva ley significan una ruptura de ese pacto educativo.

¿Cuál es el aspecto de la Lomce que más perjudica a la educación pública?

El aspecto más grave, a mi juicio, es la introducción sistemática de la discriminación. Me parece que es una ley muy cruel con los estudiantes. La introducción de exámenes desde edades muy tempranas se remonta a un pasado superado en toda Europa desde hace mucho tiempo. De hecho, desde mediados de los 50 no hay ningún partido de derechas que haya concebido la educación de esta forma. Es una discriminación entre alumnos que vayan a seguir distintas corrientes, que vayan a ser eliminados de la línea general de la educación. Es una discriminación entre géneros, entre los centros públicos y concertados. Otro aspecto gravísimo es que la ley puede atentar contra la libertad de conciencia de muchos estudiantes y de muchos profesores.

¿En qué sentido?

Porque creo que la ley tiene una carga ideológica muy grande que, inevitablemente, va a coaccionar a alumnos y profesores. Creo que la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los planes de reemplazarla van en ese sentido. En general se da un paso atrás respecto del carácter confesional del Estado.

En este tema el Gobierno ni siquiera ha escuchado al Consejo de Estado, que  ha pedido que se mantenga Educación para la Ciudadanía.

El Gobierno no oye a nadie al respecto de esta ley, sigue sólo un dictado ideológico imperativo marcado desde fuera, desde sectores extraordinariamente reaccionarios. La eliminación de Educación para la Ciudadanía me parece incluso más grave en estos momentos en los que todo el país está siendo sacudido por una ola de incertidumbre y de desafección respecto de las instituciones. Educar para la ciudadanía significa educar respecto de las instituciones democráticas, la Constitución, la inmigración, respecto de lo que debe ser la reducción de las desigualdades. Eliminar esta materia significa volver a tiempos oscuros.

¿La Iglesia ha ganado la batalla?

Es que la Iglesia nunca pierde una batalla. Lo que un Gobierno tiene que saber es que jamás puede ser súbdito de la Iglesia, esta o la que sea, si realmente es un Gobierno laico que no obedece los dictados de una institución que sólo tendría preocuparse por limpiar su imagen, si realmente es un Gobierno que atiende a los intereses y a las preferencias de los ciudadanos.

Para atender a esos intereses, el Gobierno tiene previsto pasar de invertir en Educación el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015.  

Hace 30 años, el gasto era del 5,35% del PIB. Es un retroceso tremendo. Se acabó la educación compensatoria, la integración de niños y niñas con necesidades especiales por problemas físicos o psíquicos, se acabaron los programas masivos de becas. Se acabó todo eso. Esa idea de que todos los partidos son iguales, si hay un tema en el que se demuestra que es palpablemente inexacta, es en la educación y la sanidad.

Wert justifica los recortes diciendo que la mejora de la calidad de la enseñanza no va ligada a la inversión económica.

Es verdad que no todo es inversión en educación, pero me gustaría saber qué hace el Gobierno en todo lo demás. No ha creado un solo centro de investigación que merezca la pena. Ninguno. Ni bajo el periodo de Aznar ni ahora. Creo que los actuales responsables de Educación, con el señor Wert a la cabeza, no tienen ni idea de lo que significa la excelencia. Ni en la educación ni en la investigación. Se llenan la boca con la palabra excelencia y ellos mismos son una demostración palpable de hasta qué punto ignoran lo que eso significa.

El recorte en universidades se ha traducido en un aumento de las tasas que pagan los estudiantes. ¿Era necesario ese ajuste?

El aumento de las tasas universitarias solamente lo aceptaría si fuera acompañado de un incremento absolutamente masivo de becas (superiores al importe total de esa subida de las tasas), de tal forma que las oportunidades en la enseñanza superior de chicos y chicas de familias con medios limitados no se vieran coartadas. La subida de tasas sin más, incluso acompañada de préstamos, me parece discriminatoria. La universidad no está para efectuar ahorros del gasto público.

Bajo su mandato en el Ministerio de Educación, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que reguló las subvenciones públicas a los centros privados. ¿Dónde han quedado esas condiciones ahora que la Lomce recoge las demandas clásicas de la escuela concertada?

Los centros concertados, en las comunidades gobernadas por el PP, han tenido luz verde para saltarse la ley. Una de las cosas que fijaba la LODE, y que por suerte ha sobrevivido hasta ahora, es que los sueldos de los profesores iban directamente a su cuenta corriente. Porque antes era práctica habitual que los centros concertados contrataran por nueve meses y se quedaran con lo equivalente al sueldo de un año de ese profesor, que sólo cobraba nueve meses. El monto total de los sueldos representaba el 85% del presupuesto de conciertos, que era una cantidad muy sustancial. Pero luego los centros concertados tenían las mismas reglas que los centros públicos en la financiación de actividades extraescolares y los mismos criterios de admisión. 

Eran una serie de condiciones que se estuvieron saltando. En comunidades gobernadas por el PP, las autoridades educativas han dirigido el sector del alumnado con problemas especiales de escolarización a los centros públicos. Los centros privados eran centros que tenían ante sí una gestión mucho más fácil, han estado siendo atendidos de manera muy preferente. Lo que más lamento echando la vista atrás y recordando la aprobación de la LODE, es que en aquel momento no me podía imaginar que una ley orgánica de obligado cumplimiento en toda España llegase a ser vulnerada hasta tal punto por comunidades autónomas ni que el Gobierno central se fuera a encontrar sin instrumentos o sin voluntad para impedir esas infracciones.

¿Faltaron más instrumentos o más voluntad política?

Cuando hablo de instrumentos, me refiero a que la alta inspección ha sido descuidada. Y cuando hablo de voluntad, hablo de un absoluto desapego respecto de la enseñanza pública en relación de la enseñanza privada por parte del PP y de falta de músculo político por parte de algunos gobiernos del PSOE. El PP quiere convertir los centros privados subvencionados con fondos públicos en centros donde los padres, con condiciones medias-altas, reciban una ayuda del Estado que realmente no necesitan y que la enseñanza pública sea la enseñanza para los ciudadanos que no tengan esas condiciones acomodadas.

También se financian con fondos públicos centros que segregan por razón de sexo, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo.

Si eso se aprueba, que me parecería lamentable y espero que diera lugar a un recurso al Tribunal Constitucional por parte de la oposición, espero que en la primera ocasión en que el PP no tenga el Ministerio de Educación y el Gobierno en las manos, ese punto sea suprimido. Me parece intolerante que centros que discriminan por género reciban subvenciones públicas.

La aprobación de la Lomce se ha retrasado por la presión social o para pulir detalles, como dice el Gobierno?

Espero que no sean cuestiones de forma, espero que la presión pública siga y que sea muy fuerte. Me ha hecho feliz ver esa presión, me he sentido orgulloso de ser ciudadano de este país. Espero que el apoyo a la escuela pública en España, que es la matriz de la ciudadanía, sea un apoyo muy extenso y muy fuerte, y que el PP se lo piense dos veces antes de llevar a cabo el ataque contra la enseñanza pública que esta ley significa.

¿A dónde va un país que desmantela la educación pública?

Va hacia un tipo de país bananero, que me parece que es el tipo de país por el que apuesta el PP. Hace una semana, Rajoy presentó una previsión para 2015 de un gasto público del 37% cuando el promedio en Europa está más de 15 puntos por encima y el de los países que uno aprecia, entorno 20 puntos por encima. Un país con un 37% de gato público es un país que no puede atender adecuadamente la educación y la sanidad pública. Un país en el cual básicamente esos instrumentos fundamentales, que son atender a las oportunidades de los jóvenes, a las necesidades de las personas enfermas y al retiro de los ancianos, es un país en el que eso va a depender del dinero que tengan las familias. Ese no es un país del que me sienta orgulloso.

¿La situación es irreversible?

No. Creo en la alternancia y en la corrección de errores muy graves. Tengo completa  confianza en que un gobierno, no ya progresista, sino sólo que responda al principio constitucional de 1978, acabaría con las políticas y con la ley que en Educación este Gobierno está llevado a cabo.

¿Hay esperanza entonces para la llamada generación perdida?

Si se convence de que no todos los partidos son iguales, si hace la tarea ingente de regenerar algunos partidos que lo necesitan, si se aclara mucho respecto de qué cosas merecen la pena referidas a la colectividad, no solamente a su vida particular, como la educación, la sanidad, las pensiones, entonces esa generación tiene en sus manos la construcción de un país mucho mejor que el presente.