Dos años bajo amenaza de desahucio, una sentencia y dos recursos para intentar permanecer en la vivienda en la que reside desde noviembre de 2001; peticiones de audiencia a los propietarios de la casa denegadas, y ninguna alternativa sobre la mesa.

Éste es el resumen de la batalla legal librada por María G. que ronda los 60 años, tiene una discapacidad del 35% y es huérfana de un agente de la Guardia Civil fallecido en activo -cuando ella acababa de cumplir 14 años-, y la Asociación Pro-Huérfanos de la Benemérita. Esta última es dueña de la vivienda en la calle Uruguay (Barrio Chamartí, Madrid) en la que la huérfana ha residido los últimos años junto a su hermana y su madre, fallecida en 2014.

El contrato venció a la muerte de su progenitora -estaba a su nombre-, fue prorrogado durante dos años, y desde octubre de 2016 la huérfana ha tenido sobre su cabeza la espada de Damocles del desahucio. Cobra menos de 800 euros, pagaba más de 500 de alquiler -asegura que nunca hubo retrasos-, y ha pedido ayuda a las más altas instancias, incluido el Ministerio del Interior. También ha tirado de abogados de oficio para presentar sendos recursos de apelación y casación -este último aún pendiente de resolución- contra la sentencia en su contra dictada por un juzgado de Madrid. Durante meses siguió pagando su alquiler, que le era inmediatamente retornado. Y siempre frente a un interlocutor que sólo se comunicaba por burofaxes.

En conversación con Público, María G.- se muestra indignada por la falta de interés por su caso que detecta en la Asociación; recuerda que no ha dejado de ser huérfana -con lo que ello debería conllevar para la asociación-, que depende de un audífono para poder escuchar, que cobra lo mínimo para poder vivir, y que por tanto se encuentra en situación de vulnerabilidad, precisamente el tipo de situación que teóricamente debería intentar paliar esta Asociación, según sus propias normas. No obstante, ella no aprecia empatía ni “voluntad humanitaria”, y censura que no se le permita seguir residiendo en la que ha sido su casa -o que no se le proporcione una alternativa-, mientras denuncia que en su mismo bloque hay viviendas vacías. “Lo sabe todo el mundo”, apunta.

Asegura también que la Asociación Pro-Huérfanos nunca le ha ofrecido una alternativa, exceptuando un local comercial no habilitado para vivir en él, y por el que le pedían un alquiler superior, concretamente de 600 euros, más IVA. No hubo papeles por medio, sólo explicaciones orales, y una visita a esta nave “sin ningún tipo de distribución”, “sin cocina”, “tipo almacén”.

También insiste en que la normativa de la Asociación recoge, en el apartado de excepciones, la posibilidad de adjudicar viviendas “en aquellos casos en que existan motivos extraordinarios muy justificados de carácter humanitario y/o del mejor servicio al Cuerpo o a la Asociación".

La Asociación, cuyo "primordial objeto es acoger y dar educación a los huérfanos de los socios fallecidos", según su propio Reglamento, se queda con el 1% del sueldo de todos los agentes de la Guardia Civil, pero funciona como un ente privado. Sólo en Madrid reconoce ser dueña de once bloques de viviendas; un colegio privado; dos internados; dos residencias universitarias y otras dos residencias, entre ellas la que utiliza el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pese a no ser parte del cuerpo.

Público desveló cómo el exministro ha disfrutado de estas instalaciones en repetidas ocasiones y a un precio muy bajo, aunque cobra 6.235 euros brutos mensuales como diputado en el Congreso -de los que 1.874 euros son libres de impuestos, como indemnización por no residir en Madrid-. La normativa de la residencia deja claro que el exministro tiene carácter de "invitado extraordinario"; que la situación debe darse "excepcionalmente", pero en el PP insisten en que no hay "nada extraño" en que el Zoido sea mucho más que un "invitado extraordinario" que ha pernoctado habitualmente en la Residencia Colegio Infanta María Teresa. Poco después de la publicación de estas informaciones, Interior decidió investigar el uso de esta residencia. 

Casos como el de Zoido o el de Gregorio Serrano, exdirector general de Tráfico, así como el hecho de que la Asociación mantenga viviendas vacías durante años, mientras insiste en desahuciarla, llenan de indignación a María G.

Su batalla judicial, además, colma de “extrañeza” a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). “Si hay disponibilidad de un parque de vivienda, como ella ya está disfrutando de esa casa, y atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en ella, ¿por qué no se le permite continuar?”, se pregunta David Cumplido, secretario jurídico de la AUGC en Madrid,

“Si no es aceptable reglamentariamente, si la echan, habrá que revisar situaciones análogas. Quizás haya situaciones menos merecedoras en las que sí se permita usar estas viviendas”, apunta Cumplido, antes de denunciar la opacidad de la Asociación. Pese a nutrirse en parte de los sueldos de los agentes, ésta funciona de manera completamente autónoma del Ministerio del Interior, del que dependen los guardias civiles. “Y las asociaciones profesionales no podemos estar en sus órganos de gobierno”, lamenta el dirigente de la AUGC.

Por otro lado, Público ha intentado contactar con la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, sin éxito.

El miedo al desahucio llevó a su hermana a mudarse

De hecho, cuando la Asociación le notificó por primera vez que estaba "ocupando de modo ilegal" la vivienda que ha sido su hogar durante 18 años, María G. aún residía con su hermana, pero hoy ya está sola.

El miedo al desahucio y la tensión que afrontaban, explica, llevaron a su familiar a dejar la casa, para pasar a hospedarse en el domicilio de un tercer hermano. La subrogación por un periodo de dos años se realizó a nombre de este tercer hermano, y en octubre de 2016 él entregó las llaves de la vivienda y pidió que se prorrogase el alquiler, en este caso en favor de María G., sin éxito.

Unos meses después, en marzo de 2017, ElDiario.es adelantó la historia de ambas huérfanas, que aún vivían juntas, y que todavía tenían muchas batallas judiciales por delante.

El desahucio estaba programado: 4 de diciembre de 2017

La documentación revisada por este diario permite esbozar una cronología del caso; el Juzgado de Primera Instancia Número 56 de Madrid comunicó a la Huérfana la demanda presentada por la Asociación para desahuciarla el 23 de enero de 2017, pero el juicio no se celebró hasta el 18 de octubre.

Entonces, su defensa pidió otro año de prórroga del contrato, para tratar de buscar alternativas, también sin éxito. El lanzamiento quedó programado para el 4 de diciembre a las 9.30 horas, pero la afectada explica que requirió la ayuda del Ayuntamiento de Madrid para retrasarlo, a través de un escrito redactado por asistentes sociales.

El 4 de junio de este año, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la Asociación, en respuesta al recurso de apelación planteado por la huérfana: "Se trata de una facultad concedida al Consejo de Gobierno y Administración de la entidad demandante-propietaria que, apreciando las circunstancias concurrentes, puede conceder o no la adjudicación", reza el texto que rubrica la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid.

En última instancia, el 29 de octubre, la defensa de la huérfana registró un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en un último intento por no verse obligada a abandonar la que hasta ahora era su casa.