Denunciantes de casos de corrupción exigen hoy ante el Congreso una ley que los proteja

Denunciantes de casos de corrupción como Gürtel, cursos de formación o el Palau han convocado este sábado una concentración ante el Congreso exigiendo a los políticos una ley integral que los proteja de las "represalias" que sufren.

Los firmantes, que se proclaman ajenos a los partidos, reclaman una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción y la aplicación del código penal

A esta concentración, convocada ante la puerta de los leones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, se han adherido entre otros Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel; Azahara Peralta (Acuamed), Joan Antón Llinares (testigo del caso Palau), Luis Gonzalo Seguro (exteniente que noveló sobre corrupción en el Ejército), y más de una treintena de funcionarios y ciudadanos que han contribuido a destapar fraudes en cursos de formación de distintas comunidades y otros casos.

La manifestación tiene por objeto "que se tomen medidas urgentes que den término a tal situación de discriminación y desprotección de los denunciantes de corrupción; y a recordar que denunciar la corrupción es un deber y un derecho constitucional".

"La pasividad de la administración pública, junto a la inacción de la justicia, así como el absoluto abandono de todos los partidos políticos que ignoran legislar en la materia, nos ha conducido a esta reivindicación", reza el manifiesto que han aprobado.

Los firmantes, que se proclaman ajenos a los partidos, reclaman una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción y la aplicación del código penal, así como el cumplimiento de las normas vigentes que les protegen de las represalias a las que aseguran estar sometidos desde hace años.

También exigen "el reconocimiento y protección de los perjudicados por denunciar la corrupción, así como la indemnización y/o readmisión en sus puestos de trabajo de aquellos denunciantes despedidos o cesados". Y asimismo hacen hincapié en la necesidad de que sus denuncias sean investigadas, pues se quejan de que "muchas son archivadas sin siquiera abrir diligencias". "En definitiva, es intolerable que se nos esté tratando como delincuentes, mientras los corruptos son los protegidos", subrayan