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Denuncian la 'transfusión' de pacientes de la sanidad pública a la privada a golpe de 'call-center'

Pacientes, sindicatos y trabajadores ven en la derivación de las pruebas diagnósticas, junto con el cierre de camas y de unidades especiales, una 'estrategia privatizadora' más de la Comunidad de Madrid

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La derivación de las pruebas diagnósticas desde los hospitales públicos a los privados y concertados es una realidad que ya no pasa desapercibida ante los ojos de los pacientes, facultativos y sindicatos sanitarios madrileños. "El que no lo vea es tonto o es ciego". Así de rotunda se ha manifestado Mª Ángeles, uno de los dos centenares de getafenses y personal sanitario que este lunes se agolparon, un día más, a las puertas del Hospital Universitario de Getafe para "salvar" el centro. "Este es uno de los puntos estratégicos del plan privatizador de la Comunidad de Madrid, que es más ambicioso de lo que se reconoce", añade la empleada de la clínica.

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Además del cierre de camas y de unidades especiales, en este centro también se ha llevado a cabo una gestión de favor hacia las clínicas privadas, según denuncian testigos y protagonistas de las transfusiones. "Me llamaron para avisarme de que podría operarme de próstata en el Hospital de Aranjuez -del Tajo- en menos de un mes, porque de lo contrario tendría que esperar entre seis meses y un año si quería hacerlo en el Hospital de Getafe, que es donde me han tratado siempre". Luis Cámara, de 60 años, recibió esta llamada hace un mes. Rechazó la oferta y decidió aguardar a que su médico "de toda la vida" le interviniera. "Cuando llamé a la consulta para preguntar al doctor si tardarían tanto me lo negó todo. Dijo que era falso y que en el Hospital de Getafe no hay lista de espera para la cirugía de próstata. Y así fue, en menos de un mes ya le habían intervenido.

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Sin embargo, otros pacientes como Pedro Valenciano accedieron por "desconocimiento total". "Me habían operado de una catarata en el Hospital de Getafe, que es el que me corresponde, y me quedaba el otro ojo. En enero me llamaron diciendo que podrían intervenirme en menos de un mes en Valdemoro y que la lista de espera para el mío [el de Getafe] podría alargarse un año o más". Su hermana Juani, que trabaja en esta clínica pública, preguntó a sus colegas y se enteró después de la intervención de que tampoco eran reales los plazos con los que le habían persuadido desde el call-center.

Los sindicatos también se suman a la denuncia y añaden que no existe conexión entre éstos call-center y los centros sanitarios públicos, sólo con los privados. Marciano Sánchez Bayle, presidente de FADSP Madrid, asegura que "estos organismos poseen los datos sanitarios de los pacientes. Se les llama cuando saben que están pendientes de alguna prueba o cirugía. Alegando una espera larga en la pública les dan citas rápidas en la privada". La plataforma en Defensa de la Sanidad Pública matiza que suelen llamar especialmente a pacientes "rentables". Esto es "un usuario joven o una persona mayor pero siempre y cuando padezca una sola patología".

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Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Público alegan que los trasvases de pacientes se realizan "para cumplir con el compromiso de los 30 días de lista de espera". Además, "desde el call-center se ofrece la derivación a un hospital público de la red o a hospitales concertados acreditados para esas intervenciones". En el caso concreto del Hospital de Getafe, según los datos de la Comunidad, el centro ha disminuido la derivación quirúrgica en un 8,21% respecto al año pasado (enero y febrero de 2013 frente a enero y febrero de 2012). 

Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler, aseguró horas antes de que se produjese la protesta que el Consistorio "no tiene ningún dato de la Comunidad de Madrid que avale la suposición". Según el diario Getafe Capital, Soler se ha escudado afirmando que "al igual que con los casos de desahucios", ese tipo de informaciones las están dando "grupúsculos" que pretenden desatar "una violencia política interesada". "Es crear rumores para generar un movimiento de opinión pública contrario a algo determinado".

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Un "grupúsculo", en palabras de Soler, que ya suma 23.126 pacientes, quienes están en "espera tras rechazo de centro alternativo", según el recuento trimestral que realiza la Consejería de Sanidad autonómica. Es la suma de todos los que prefieren ser tratados en la sanidad pública y se oponen a ser transferidos a la privada. Un número que ya supone el 44% de los pacientes de la LEQ (Lista de Espera Quirúrgica) y que no parece que vaya a disminuir tras conocer el "falseamiento" y la información sesgada que se ofrece desde los call center.

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