Sólo se cubrirá el 15% de las vacantes públicas

Gobierno y sindicatos de funcionarios han firmado un acuerdo de Diálogo Social que incluye una tasa de reposición esto es la oferta de plazas nuevas por cada empleado que se va más baja desde 1992. Así, por cada cien funcionarios que se jubilen o fallezcan, sólo se sacarán a oferta 15 plazas.

Este límite es el más bajo desde que en 1993 se impuso la tasa de reposición como método restrictivo para controlar la plantilla de la función pública. Hasta la llegada del PSOE al Gobierno en 2003, la reposición estuvo en una tasa del 25% para pasar en 2004 al 100%. El año pasado, y con objetivo ya de hacer un presupuesto austero, la tasa se redujo al 30% y ahora se limita al 15%, lo que en algunos cuerpos de la Administración supondrá una reducción efectiva de plantilla.

Los servicios básicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sanidad, educación, etc..., así como los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes quedan exentos de esta norma que también se podrá negociar en aquellos sectores de la función pública que acusen una alta temporalidad y cuyos administradores asuman un compromiso por la estabilidad y el empleo.

Por cada cien funcionarios que se jubilen o fallezcan, sólo se sacarán a oferta 15 plazas

El acuerdo fija de nuevo el objetivo de temporalidad en la Administración Pública en un 8%, frente al 10% que se había puesto como meta en 2006. Así, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró el compromiso de la Administración General del Estado con la estabilidad en el empleo público.

El acto, en el que participaron los líderes de las federaciones públicas de UGT y CCOO así como el presidente de CSI-Csif, supuso la primera aparición pública de De la Vega desde su hospitalización la pasada semana. La vicepresidenta permaneció más de una hora en pie pese a que era más que visible que aún conserva problemas de movilidad tras la intervención que sufrió el pasado jueves.

Con todo, los sindicatos y la vicepresidenta se felicitaron por el acuerdo alcanzado, que reiteradamente pusieron de ejemplo para los agentes sociales del ámbito privado. Así, el acuerdo, que tendrá vigor hasta 2012, aplica una subida salarial del 0,3% para 2010 e incluye una cláusula de revisión, la primera en la función pública, que revisará el poder perdido por los funcionarios a los que se les compensara, si cabe, en 2011 y sino en 2012.

"La Administración General del Estado debe ser un motor para contribuir a la salida de la crisis", aseguró De la Vega que también recordó que las 50 medidas contenidas en el acuerdo desarrollan un marco normativo para la modernización de la administración y la mejora de la atención a los ciudadanos.