Críticas al plan del PP para aplicar mano dura en clase

El PP, a través del Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre, lanzó ayer su fórmula para combatir la crisis de la educación en España: más autoridad del profesor. La presidenta madrileña anunció la futura redacción de la Ley de Autoridad del Profesor, tal y como ya solicitó el grupo parlamentario del PP en el Congreso el pasado 1 de junio. La oposición en la Asamblea calificó la propuesta como un intento de Aguirre de desviar el verdadero debate sobre la falta de recursos para la escuela pública.

La consideración del docente como autoridad pública es solicitada por los sindicatos de profesores más conservadores desde hace cinco años. De hecho, la Fiscalía General del Estado envió una circular a los fiscales en diciembre de 2008 en la que informaba de que se tuviera en cuenta la condición de funcionario público de los profesores que sufrieran una agresión escolar.

"Ha resucitado un viejo debate para que no hablemos del verdadero problema: un fracaso escolar de un 40% en las zonas del sur de Madrid, donde se les ha recortado el presupuesto", criticó la diputada regional de IU, Eulalia Vaquero.

"El problema real es el desmantelamiento del sistema de profesores de apoyo", añadió la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez.

Aguirre acompañó el anuncio de la ley con los últimos datos de la OCDE para concluir que "España tiene las cifras más altas de fracaso y abandono escolar". Por ello, la Comunidad de Madrid no va a "escatimar esfuerzos", añadió, según informa Yolanda González.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, coincidió con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al señalar que las modificaciones "jurídico-penales competen al Estado".

La propuesta fue apoyada por el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesores de España), que en 2007 creó un teléfono de atención para los docentes. Desde septiembre de 2008 a febrero de 2009, han recibido 1.400 llamadas solicitando ayuda. "Sólo pedimos dar clase con tranquilidad", explicó Rosalía Aller, secretaria de comunicación del colectivo.

La Consejería de Educación no explicó cómo prevé otorgar la condición de autoridad pública a los profesores de la escuela privada y concertada. "Ya se verá, esto no es una ocurrencia", resumieron.