La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina Narbona, ha denunciado las presiones ejercidas por el Gobierno y, en este caso por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que el organismo regulador se pronuncie 'en un tiempo y de una forma intolerable' respecto a la solicitud de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), con el objetivo de lograr un año de renovación de su licencia en el que pueda pedir la extensión de su vida operativa.
Narbona ha señalado que su voto negativo particular, como el de la consejera Rosario Velasco -también del PSOE- tendrá un texto escrito que harán público el próximo lunes, en el que manifestará los argumentos que las han llevado a pronunciarse en contra de la cuestión planteada por Industria.
Así, ha destacado que, en la actualidad el organismo regulador ya estaba ultimando su informe sobre el cese de la explotación y ha precisado que estaba terminada su evaluación y que únicamente estaba pendiente de aprobación por el Pleno del Consejo para su remisión al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 6 de junio próximo. 'Esto supondría el fin de Garoña y el inicio de una nueva fase de cese de la central', ha añadido.
Además, ha agregado que si después del 6 de julio, fecha del cese de explotación, Nuclenor quisiera pedir una nueva licencia, 'tal cosa es posible'. A su juicio, si se hubieran hecho las cosas 'bien' y 'respetando todos los tiempos y capacidades' el pleno del CSN tenía que haber mantenido el proceso en el que estaba e informar de forma negativa al Ministerio sobre esta cuestión y remitirle el informe sobre el cese de explotación. 'Y si Nuclenor quiere, después puede pedir una nueva solicitud', ha apostillado Narbona, que considera que esta habría sido la mejor solución 'acorde a las normas, los procedimientos, la práctica habitual y respetando el organismo regulador'. Por ello, ha denunciado las 'presiones' al Consejo para que se pronunciase sobre esta cuestión en tan poco tiempo y se ha quejado de que el pleno ha sufrido una 'presión externa grave' que hará constar en el texto de su voto particular.
La exministra socialista ha insistido en esta denuncia porque el Ministerio les ha pedido el 16 de mayo que se pronunciara sobre si antes del 1 de junio el Gobierno podía cambiar la orden ministerial de 29 de junio de 2012 para que antes del 6 de junio Nuclenor pueda solicitar una autorización de un año, en el que permanecerá parada. 'Es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías', ha agregado Narbona, que ha acusado al Ministerio de instrumentalizar al Consejo de Seguridad Nuclear 'en función de una negociación que está haciendo con el sector'.
Asimismo, ha dicho que no es baladí la central nuclear en cuestión porque se trata de Garoña, de la que ha dicho que tiene una 'reputación a escala internacional no precisamente óptima' y que será objeto de una visita de inspección el próximo mes de septiembre.
En su opinión, con actuaciones como esta, se pone en riesgo la credibilidad del organismo regulador, que 'está muy alta en estos momentos a nivel mundial', ya que España está a la cabeza internacional en términos de exigencias, sobre todo después del accidente de Fukushima Dai-chi (Japón), lo que puede provocar una 'gravísima pérdida de credibilidad'.
Por ello, reitera que en su opinión, el pleno debía haber acordado no informar favorablemente al Ministerio y seguir el cauce previsto. Al mismo tiempo, ha destacado que los informes de cara al cese de explotación realizados por los técnicos del regulador atómico suman más de 3.000 horas de trabajo 'que ahora se tiran al water' y ha dicho que esto supone una 'enorme falta de respeto' hacia un organismo y hacia sus técnicos, que están muy preparados por culpa de unas negociaciones en las que no se debería implicar de esta manera al CSN.
Respecto a la extensión en el tiempo de las deliberaciones, la consejera ha explicado que se han pedido numerosos informes técnicos y jurídicos sobre los posibles escenarios y ha recordado que uno de ellos da soporte, precisamente, a la idea de que pese a una orden de cierre, nada impediría a Nuclenor solicitar una licencia nueva.
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