La comisión parlamentaria regional que investigará la supuesta trama de espionaje a altos cargos madrileños del Partido Popular arrancó el viernes su andadura en medio de diferencias sobre su presidencia y sin que hayan quedado claros sus plazos.

Tanto PSOE como IU coincidieron en pedir las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; o del alcalde la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros. Izquierda Unida fue más allá, solicitando la presencia del presidente 'popular', Mariano Rajoy.

Pese a la propuesta de que la comisión fuera presidida por la portavoz del grupo de Izquierda Unida, Inés Sabanés, finalmente fue Benjamín Martín, del Grupo Popular, el elegido por mayoría.

cinco del PP, tres socialistas y uno de IU, de acuerdo a la distribución parlamentaria.

El portavoz de los 'populares', David Pérez, definió esta jornada como el "día de la transparencia" y manifestó que su grupo actuará con voluntad para llegar al fondo de una cuestión que también ha provocado apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

"Adelanto el compromiso de mi grupo para aportar todo lo que esté en nuestra mano para aclarar esas acusaciones, de las que tenemos la total confianza en que son falsas (...) Se basan en difamaciones que no han podido ser mantenidas por nadie", afirmó durante una rueda de prensa tras la constitución de la comisión.

"Queremos luz y taquígrafos, claridad y transparencia", agregó, sin concretar si aceptaría la comparecencia de Rajoy, que el jueves consideró que no entendía su presencia en un tema de ámbito regional.

El escándalo surgió el pasado 20 de enero, cuando el diario El País destapó presuntos casos de espionaje que afectarían al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, pertenecientes a facciones enfrentadas dentro del PP.

El diario señaló que algunos de los seguimientos los realizaron ex agentes policiales y guardias civiles a sueldo de la Consejería de Interior, algo que tanto el consejero de Interior de la CAM, Francisco Granados, como Aguirre han negado en reiteradas ocasiones.

Ahora, los grupos tienen de plazo hasta el próximo miércoles para registrar sus listas de solicitud de comparecencias, 23 por parte de IU y 33 de los socialistas, que también incluyen secretarios técnicos, viceconsejeros y altos cargos de la Policía Municipal.

CALENDARIO INSUFICIENTE

Los dos grupos de oposición expresaron su preocupación acerca del calendario de la comisión, que se ha fijado para lunes y miércoles en sesiones de mañana y tarde y viernes sólo durante la mañana. Puesto que el PP había insistido en que las pesquisas concluyeran el 28 de febrero, de este modo sólo habría cuatro días de sesiones, ya que la última semana del mes no es hábil en la Asamblea de Madrid.

"Es imprescindible habilitar la última semana de febrero. La mesa de la Cámara Legislativa tiene que habilitarlo", declaró la portavoz socialista. "Si no se flexibilizan los tiempos, estaremos hablando de una comisión tapadera y no de una para que se esclarezcan los hechos".

Desde Izquierda Unida, Sabanés definió como una consecuencia lógica que el Partido Popular acepte extender los plazos y dijo confiar en que las comparecencias puedan comenzar el próximo viernes, "si hay voluntad política".

"Lo que hemos aprobado es el final el día 28 con prórroga, si eso no es así, el grupo de Izquierda Unida denunciará un escándalo político", afirmó.

Desde el PP, su portavoz insistió en que su grupo no pone inconvenientes a una posible ampliación.

"No existe inconveniente en que si se tiene que alargar se alargará (...) Lo importante es que se llegue hasta el final de la verdad de lo que ha ocurrido", dijo Pérez.

Tras aceptarse la creación de una comisión por parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular decidió esta semana poner "en suspenso" sus pesquisas internas al considerar que no era necesaria la existencia de tres líneas de investigación.

Un tribunal de Madrid ha abierto también diligencias al respecto por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito penal.