El Constitucional encalla otra vez

El Pleno del Tribunal Constitucional volvió ayer a posponer a próximas deliberaciones el visto bueno del auto que plasmará los argumentos concretos con los que aceptará oficialmente la abstención de su presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, en las deliberaciones del recurso del PP contra la ley orgánica reguladora del alto tribunal.

Hace dos semanas se conoció que ambos iban a ser apartados de este debate, al rechazarse el auto en el que el ponente de la resolución, Pablo Pérez Tremps, proponía rechazar las abstenciones. En la votación el presidente accidental, Vicente Conde, tuvo que utilizar el voto de calidad, para inclinar la balanza a favor de aceptarlas.

Las deliberaciones se pospusieron hasta ayer, para que el ponente perfilara el auto en el que se iban a aceptar oficialmente las abstenciones, que tanto Casas como Jiménez presentaron voluntariamente al entender que estaban afectados por la norma impugnada por el PP.

El recurso se dirige a dos artículos de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los relativos a la prórroga del mandato del presidente y del vicepresidente para hacerlo coincidir con el que tengan como magistrados y a la renovación del alto tribunal por parte del Senado que eligirá a propuesta de los Parlamentos autonómicos.

Solicitud de abstención

Al sentirse directamente afectados por la norma, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, tanto Casas como Jiménez decidieron solicitar su abstención. A cada uno se le presupone afín a uno de los dos bloques en los que aparentemente desde el debate del Estatuto de Cataluña se ha dividido el alto tribunal, por lo que aceptar las abstenciones no debía presentar problemas.

Sin embargo, el empate que se produjo hizo necesario que Conde -presidente en este caso por ser el de más edad entre los antiguos- utilizara su voto de calidad. Ayer estaba previsto que el Pleno estudiara la última propuesta de Pérez Tremps, la aceptara y comenzara, al menos, la deliberación sobre si el recurso del PP debe ser admitido o no a trámite.

Pero no fue así y finalmente el Pleno se limitó a hacer pública una nota que decía que había "acordado continuar próximamente las deliberaciones".
La tramitación de este recurso, que el PP ha utilizado como excusa para no discutir la reforma del Reglamento del Senado, necesaria para la renovación de cuatro magistrados -incluida Casas-, el próximo mes de diciembre, todavía se puede prolongarse más.

Si el Gobierno finalmente recusa a los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, por la carta que enviaron a la presidenta en la que le pedían que dimitiera, las deliberaciones sobre el fondo del recurso podrían no iniciarse hasta diciembre.

"Debe" recusar

Precisamente ayer, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, señaló que, si considera que hay motivos suficientes para ello, el Gobierno no sólo puede, sino que "debe" promover la recusación de los dos magistrados que se pronunciaron en contra de la reforma de la ley regánica del alto tribunal que permite prorrogar el mandato de Casas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho recientemente que si existen "indicios" de que algún magistrado del Constitucional "pudiera estar contaminado y no presentara la necesaria imparcialidad", el Ejecutivo "actuaría en consecuencia".

Ayer pidió a los partidos políticos que "no interfieran" en las decisiones del Constitucional para dejarle actuar "con lógica", y recordó la situación de "anormalidad" que se produjo cuando fue apartado Pablo Pérez Tremps del recurso del PP contra el Estatuto catalán. D