La consejera Figar cobra un cheque-guardería de 1.100 euros pese a ingresar 125.000 junto a su marido
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Lucía Figar recibe un cheque-guardería de 1.100 euros pese a que ingresa, junto a su marido, 125.000 euros anuales, informa la Cadena Ser. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid es, precisamente, quien aprueba la concesión de las ayudas, aunque la emisora matiza que, según la orden que ella misma impulsó, cumple con los requisitos.
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La Consejería de Educación ha explicado que "la hija de la consejera ha obtenido el cheque-guardería por ser familia numerosa cumpliendo estrictamente los mismos requisitos que el resto de los 40.000 beneficiarios", cita la Ser.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha manifestado su "estupor" e "indignación" tras conocer la noticia.
"Además de cuestionar gravemente la actuación de Lucía Figar como Consejera de Educación", señala un comunicado, "pone de manifiesto las consecuencias perversas que las políticas neoliberales, que el Partido Popular lleva años imponiendo en la Comunidad de Madrid, tienen sobre la ciudadanía".
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CCOO ha ido más allá y le exige "que devuelva la beca o dimita", puesto que el cobro del cheque-guardería está "al margen de la moralidad y de la ética". El sindicato denuncia en una nota de prensa que "la consejera se aprovecha de una normativa creada por ella misma para recibir una ayuda de 1.100 euros mientras 20.000 familias no pueden llevar a sus hijos e hijas a una escuela infantil".
Figar, cuyo esposo es el diputado del PP por Madrid Carlos Aragonés, también fue recriminada ayer por el Partido Socialista por subir "un 175%" las cuotas en lo que va de legislatura, informa Europa Press. El diputado del PSM Eusebio González afirmó que hay familias que han tenido que renunciar a su plaza en una escuela infantil porque no pueden pagar los 300 euros que les pide la Comunidad. Figar respondió que el 44% de ellas pagan 80 euros al mes.
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Lucía Figar presentó en marzo de 2010 una oferta en el Servicio Regional de Empleo para la esta ocupación: "Empleada de hogar interna, con cinco años de experiencia, idioma tagalo" (lengua oficial de Filipinas). La consejera no encontró en esa bolsa de empleo lo que buscaba. El certificado de la Consejería de Empleo y Mujer señaló que no existían "demandantes de empleo disponibles para cubrir dicha oferta".
Tras confirmar que no había asistentas que hablasen tagalo en paro en Madrid, acudió a una mujer filipina que trabajaba en casa de unos diplomáticos en Noruega para contratarla. Según fuentes sindicales, la petición de una oferta con exigencias extravagantes es un procedimiento habitual cuando alguien quiere contratar a un extranjero concreto que reside fuera de España. En ese momento, figuraban en el Servicio Regional de Empleo de Madrid casi un millar de mujeres que buscaban trabajo como empleadas del hogar.
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Exigencias como ésta son un truco del que abusaron los empleadores para burlar los trámites de las oficinas de empleo. El objetivo era plantear un requisito que ninguna demandante de trabajo pudiese cumplir en España, quienes tienen preferencia para ocupar las vacantes del Inem. "Hablar un idioma como el tagalo no puede ser un requisito para limpiar en una casa", explican fuentes del Consejo General de la Abogacía.