El Congreso pide retirar la patria potestad a los agresores penados

El Congreso de los Diputados estudia pedir al Gobierno que la condena firme por un delito de violencia de género lleve consigo la pérdida de la custodia de los hijos del maltratador, así como la suspensión de la patria potestad. Además, considera necesario que el régimen de visitas a los hijos sea suspendido de forma cautelar cuando una denuncia por maltrato sea admitida a trámite.

Son algunas de las propuestas recogidas en el borrador del informe sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, presentado ayer por el Grupo Socialista en la subcomisión de Igualdad del Parlamento que estudia posibles cambios a la normativa. En el texto, al que ha tenido acceso Público, se sugiere que la orden de protección que ampara a la víctima también "sea extensiva a los menores". El objetivo es "avanzar en la protección de los menores", en tanto que los hijos de las víctimas también sufren la violencia de género ejercida contra sus madres.

En el borrador, que recoge gran parte de las propuestas planteadas por la treintena de expertos que ha comparecido en la subcomisión, se dedica un amplio apartado a las medidas de "mejora de la organización judicial contra la violencia de género". En él, se recomienda que sea obligatoria la formación específica de los jueces especializados en violencia de género. Para ello, sería necesario modificar la Ley del Poder de Judicial, que sólo contempla como obligatoria la formación a los titulares de los juzgados de Menores y de Mercantil.

El PSOE cree que también se debe mejorar "la coordinación funcional" tanto entre los juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como entre estos y las oficinas de atención a la víctima, así como el resto de administraciones implicadas.

El texto subraya, además, "la importancia de los mecanismos para que la orden de alejamiento sea real, efectiva y se cumpla, también por la propia víctima". Respecto a esta última se apunta la necesidad de "adoptar fórmulas para evitar la victimización secundaria de la mujer". El objetivo es evitar que la denunciante tenga que declarar dos veces (en la fase de investigación y durante el juicio) y que, por tanto, la primera declaración sirva de "prueba anticipada".

Los expertos en la lucha contra la violencia de género reclaman esta medida desde hace tiempo para reducir las renuncias a declarar por parte de las víctimas, algo que se produce en un elevado número de procesos, como ha destacado en varios informes el CGPJ.

El texto definitivo de conclusiones será aprobado dentro de una semana en la subcomisión de Igualdad, y una semana después deberá ser ratificado en la comisión.