Condenan a la Administración a devolver a una funcionaria la paga extra suprimida en 2012

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha condenado a la Diputación provincial a devolver a una funcionaria la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno suprimió el año pasado, sin posibilidad de que se pueda recurrir la sentencia, según ha anunciado este lunes la Plataforma de Sindicatos y Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos en rueda de prensa.

En concreto, la funcionaria, afiliada a CSI-F, recibirá un total de 501,30 euros en concepto de retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, "con los efectos administrativos y económicos que procedan".

El portavoz de CSI-F, Eliseo Moreno, ha resaltado la "importancia" de esta sentencia, "que es la primera a favor de un funcionario y que obliga al Estado a devolverle la parte de la paga extra devengada". Tras la reunión de la plataforma, Moreno ha explicado que, hasta ahora, los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral.

"Se está viendo que la plataforma tenía razón en sus acciones para recuperar la paga extra. De momento, la devengada se está resolviendo a favor de los funcionarios, pero queremos toda la paga retirada", ha aseverado el portavoz de CSI-F.

La plataforma se ha mostrado "moderadamente satisfecha" por esta sentencia, "ya que comienza la recuperación de una parte de la paga". No obstante, ha abogado por esperar a que el Tribunal Constitucional decida sobre la constitucionalidad del decreto por el que el Gobierno procedió a suprimir la paga de navidad a todos los funcionarios.

Moreno ha recordado que hace un mes los sindicatos pidieron al Gobierno una reunión extraordinaria para negociar la devolución de esa parte devengada, "petición que no ha tenido respuesta". Por eso, el colectivo ha vuelto a exigir al Ejecutivo dicho encuentro "con carácter urgente, sobre todo después de conocerse esta sentencia".

Por otra parte, Eliseo Moreno ha anunciado que la plataforma ha decidido en su encuentro iniciar un análisis "concreto" en todos los niveles de la Administración para conocer la reducción de plantilla que se ha producido desde el año 2010 hasta ahora.

"Queremos saber la reducción real de todos los empleados públicos en todos los servicios, de cualquier nivel", ha argumentado el portavoz de CSI-F. Asimismo, ha añadido que la intención del colectivo es saber qué vacantes no se cubren, qué servicios se han privatizado y cuánto ha costado esa externalización de servicios.

La plataforma también ha debatido sobre el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno aprobó hace unas semanas. En este sentido, el colectivo ha afirmado sentirse "sumamente decepcionado, pues de nuevo el programa se ha limitado una vez más a reducir el número de empleados públicos y a rebajarles el salario".

La secretaría de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Carmen Barrera, ha afirmado que el plan presentado a Bruselas forma parte de los compromisos que el Gobierno se comprometió a cumplir a cambio del rescate a la banca, y ha indicado que, en lo referente a la Administración, "la medida estrella es la reforma de la administración local, con la que el Ejecutivo pretende ahorrar 9.000 millones de euros en dos años reduciendo el número de empleados públicos en unas 300.000 personas".

La representante de CC.OO., María Díaz, ha recordado que "lo más grave" de los recortes en el empleo público es que éstos afectan a la ciudadanía. "El ejemplo más llamativo es el de la Sanidad o el de la Educación, por eso tenemos que hacer todo lo posible por frenar esas medidas", ha recalcado.

Por último, la plataforma ha mostrado su apoyo a todas las movilizaciones que se están produciendo en el seno del empleo público, "que están siendo muy numerosas y activas", y ha animado a los funcionarios a que siga manifestándose a favor de los servicios públicos.