Aunque derogada, la filosofía de la Ley de Orden Público de 1959 ha sobrevivido a la dictadura, ya que la protección de la seguridad y el orden público son objetivos legítimos, a juicio de los juristas, pero la clave está en la interpretación. 'Para que se mantenga esa legitimidad, los conceptos de seguridad y orden público deben interpretarse de manera limitada y no extensiva. Dicho de otro modo, no es aceptable en una democracia que, con la excusa de proteger la seguridad y el orden, se aprueben leyes excesivamente restrictivas de los derechos de los ciudadanos', aclara Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain [RIS].

Desde esa óptica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que la 'restricción' de esos derechos 'sea proporcionada a los fines que se persigue'. 'Esto implica que si para proteger el orden público -que es un objetivo legítimo-, se aprueba una norma cuyo efecto es impedir de hecho el ejercicio de las libertades expresión, reunión o información, esa norma pierde su legitimidad, porque no tiene cabida en una sociedad democrática, y constituye en sí misma una violación de los derechos humanos', explica la jurista.

En términos comparativos, Goicoechea apunta a los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. 'Ahí está la diferencia esencial entre las leyes franquistas y cualquier norma que se pretenda aprobar ahora. En 1939 España estaba al margen de la sociedad internacional, pero hoy es miembro de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Unión Europea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y como tal ha aceptado los principios y valores que son la base de estas organizaciones', recuerda.

La firma, por parte de España, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos implica unas obligaciones que deben respetarse, según Goicoechea. Y esta asunción de responsabilidades conlleva también que 'toda norma nacional respete el ejercicio de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución y los derechos humanos que nos reconocen a los ciudadanos los textos internacionales', concluye.