Las quince comunidades de régimen común y Ceuta y Melilla han dado su visto bueno al nuevo modelo de financiación autonómica, aunque algunas gobernadas por el PP no han descartado llevar el sistema hasta el Tribunal Constitucional si constatan que conculca algunos principios constitucionales.

Después de que ayer lo suscribieran Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, así como las dos ciudades autónomas, hoy le ha tocado el turno a Cantabria, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

Ha sido Cataluña la última en ratificar un modelo que ha suscitado las críticas de los "populares" precisamente por entender que se había diseñado "ad hoc" para esa comunidad.

Así lo ha insinuado la consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, quien, sin nombrar a Cataluña, ha manifestado tras firmar el modelo que los criterios en los que se basa fueron diseñados para atender los intereses de "determinadas" autonomías.

Por ello, el Gobierno de Francisco Camps consultará a los servicios jurídicos para que comprueben si el nuevo sistema conculca principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad, la suficiencia financiera y la lealtad institucional y, de ser así, el Ejecutivo valenciano se plantearía medidas jurídicas.

Con esta advertencia, la Comunidad Valenciana se suma a la de ayer del consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, quien preguntado por la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, manifestó que su Gobierno se reservaba las actuaciones que estén en sus manos para actuar conjuntamente con el resto de comunidades y que hablará con el PP de este asunto.

Hoy, la primera en firmar, en el Ministerio de Política Territorial, ha sido la Comunidad Valenciana, y lo ha hecho, según su consejera, por "responsabilidad" y "compromiso" con los ciudadanos y a pesar de que su autonomía queda "a la cola" de la financiación "per cápita".

"Como no podía ser de otra manera", la Comunidad, ha dicho Sánchez de León, ha aceptado el sistema porque sus ciudadanos "no pueden ser los perjudicados" por la "falta de rigor" habida en todo el proceso de negociación.

A Sánchez de León le ha resultado imposible conocer la cifra exacta adicional que percibirá su comunidad en 2009, ya que inicialmente el Gobierno informó telefónicamente a la Comunidad de que serían 878 millones de euros y hoy les han hablado de 857, pero en el documento de acuerdo figuran 872 millones.

Sí lo tiene más claro el consejero de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, quien, tras respaldar el modelo, ha asegurado que el archipiélago recibirá este año al menos 210 millones de euros, unos 330 en 2010 y más de 500 en 2012.

A la comisión de Baleares, que al igual que la de Cataluña se ha celebrado en el Ministerio de Economía, no han asistido los consejeros de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt (Unión Mallorquina) y de Movilidad, Gabriel Vicens (PSM-EN), para hacer patente su desacuerdo con el nuevo modelo.

Carles Manera ha considerado que el sistema cuenta con elementos "muy positivos", como la revisión anual de la población o la mayor capacidad normativa y de gestión tributaria, además de hacer más fácil la obtención de recursos, por lo que ha justificado al PP por haber decidido finalmente respaldarlo.

También hoy ha ratificado el modelo Cantabria, que, según su consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, recibirá 110 millones de euros más en los próximos tres años y se mantendrá con la mejor financiación por habitante, como con el sistema anterior.

En declaraciones a EFE, Agudo ha precisado que con el nuevo sistema "el victimismo cotizará más a la baja" entre las comunidades autónomas.

Debido a un retraso en la reunión, el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, ha tenido que abandonar rápidamente el Ministerio de Hacienda para no perder el vuelo de regreso a Barcelona, por lo que ha sido el único representante autonómico que no ha hecho declaraciones a los periodistas.

Tras la ratificación de todas las autonomías, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, tendrá que firmar la orden de Tesorería para que antes de que finalice el año se proceda al pago a las comunidades de las entregas a cuenta correspondientes a 2009.