El Comité contra la Tortura instó hoy a las autoridades de Uzbekistán a investigar lo ocurrido durante la revuelta de Adiyán en 2005, cuando murieron entre 187 civiles, según el Gobierno, y más de 700, según otras fuentes.

El organismo de la ONU presentó hoy sus conclusiones sobre el informe periódico de Uzbekistán, y en ellas pidió al gobierno que realice una "investigación completa, efectiva e imparcial", para llevar ante la justicia a los responsables.

De esa forma, agregó, aquellos que violaron la Convención contra la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, no quedarán impunes.

La tortura es una práctica habitual entre la policía y el ejército uzbecos, tanto para extraer confesiones o información a los detenidos, como para disuadir a los manifestantes, como ocurrió en Adiyán, según el comité.

El Comité recordó que si bien la ley uzbeca prohíbe la tortura, existen regulaciones internas que las contemplan, por lo que favorecen esas prácticas.

El organismo pidió a las autoridades de Uzbekistán que garantice que sus fuerzas de seguridad sólo utilizan la fuerza en caso de que sea "estrictamente necesario".

Asimismo, instó a las autoridades uzbecas a supervisar sistemáticamente las condiciones de los centros de detención, para garantizar los derechos de los detenidos, y a no impedir las visitas sorpresa de expertos independientes de organismos nacionales e internacionales.

Además del informe de Uzbekistán, el Comité contra la Tortura analizó durante su 39 sesión, celebrada desde el día 5 hasta hoy, los informes periódicos de Benin, Portugal, Estonia, Letonia, Noruega y Brasil.