Finalmente hay despidos forzosos en Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), empresa embotelladora resultante de la fusión de las siete concesionarias de la multinacional estadounidense. Concretamente 235, según informan fuentes concoedoras del proceso. Siguiendo los planes de reestructuración elaborados tras la fusión, la empresa da el paso definitivo para cerrar las cuatro fábricas que anunció y para despedir a los trabajadores de la de Fuenlabrada (Madrid), donde un alto porcentaje de la plantilla no se adhirió al plan voluntario de recolocaciones, bajas incentivadas y prejubilaciones.

Según ha informado el sindicato CCOO, CCIP está enviando cartas de despido forzoso a los trabajadores de las embotelladoras -sobre todo Casbega-, a pesar de que la misma empresa anunció que no serían necesarios si su oferta -rechazada por los sindicatos durante el periodo de negociación del ERE, que acabó sin acuerdo- era aceptada por los trabajadores de forma voluntaria.

Más de 1.700 empleados de las diferentes empresas que forman el grupo CCIP se sumaron a esa propuesta que incluía prejubilaciones a partir de los 56 años, bajas voluntarias con una indemnización de 45 días de salario por año trabajado durante 42 meses más 10.000 euros adicionales y opción de recolocación con ayuda al traslado de las familias y al pago del alquiler de vivienda durante dos años.

Tanto la multinacional como la embotelladora han 'engañado a la sociedad', según CCOOPese al 'éxito' que anunció la empresa, ya que los voluntarios superaban los 1.190 afectados previstos por la dirección, los sindicatos aseguraron que seguiría habiendo despidos forzosos. 'Una vez más, con dinero y el mal uso del mismo, se ha pretendido tapar la realidad a base de campañas publicitarias y mediáticas, anunciando a bombo y platillo, que en Coca-Cola no se despide y que con los 'voluntarios' la empresa había cumplido todos los objetivos que se pretendían en el ERE', afirma la federación Agroalimentaria de CCOO en un comunicado. En el escrito critica también que, tanto la multinacional como la embotelladora han 'engañado a la sociedad' utilizando 'técnicas de marketing publicitario para disfrazar un conflicto laboral que ha adquirido una gran dimensión social, y que pretenden ocultar'.

Los trabajadores afectados por estos despidos forzosos recibirán una indemnización sustancialmente menor que los que se sumaron voluntariamente al ERE, 33 días por año durante 24 mensualidades. CCOO plantea la opción de readmisión de 'todos los trabajadores que han despedido forzosamente y que tan solo pretenden conservar su puesto de trabajo y su planta de producción en una empresa que va más que bien', asegura el comunicado.

El sindicato ya presentó ante la Audiencia Nacional la impugnación del ERE, solicitando su nulidad y su paralización cautelar y sigue pidiendo a la empresa una mesa de negociación alternativa en la que se hable de un 'Plan Industrial, de Empleo y Social, sin imposiciones de cierres y despidos forzosos'.

CCIP pretende cerrar, además de la fábrica de Fuenlabrada, las de Alicante, Palma de Mallorca y Colloto (Asturias), donde a diferencia de la madrileña, el 100% de la plantilla se adhirió voluntariamente al ERE.

'Seguimos apostando por una salida negociada del conflicto, siempre sobre la base del mantenimiento del centro de trabajo de Fuenlabrada', ha afirmado la secretaria general de la federación Agroaluimentaria de Madrid, Esperanza Hernández.