Un club muy selecto

El diputado del PP Jesús Merino , y el senador conservador Luis Bárcenas acaban de ingresar en el selecto club de los políticos españoles procesados durante su mandato.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, por los escaños de las dos cámaras de representantes han pasado más de 3.000 políticos, pero tan sólo se ha procesado judicialmente a 45 de ellos después de que así lo pidiera el Tribunal Supremo. El Congreso ha aprobado 28 suplicatorios que han afectado a 24 diputados. El Senado ha dado su visto bueno a 25, en los que se han visto implicados 21 senadores.

La palma se la lleva el PP, formación a la que han afectado 22 de esos suplicatorios, si se tiene en cuenta a los que salpicaron a su antecesora Alianza Popular. Le sigue el PSOE, implicado en 14 casos, HB con diez y CDS, CiU e IU, con dos cada uno. Frente a ellos, ningún parlamentario de PNV, ERC, BNG o CC ha sido requerido por el Supremo por un proceso judicial.

El pasado martes, el Congreso engordaba la lista de los diputados conservadores a los que el Supremo solicita un suplicatorio. El Pleno de la Cámara Baja dio vía libre al Alto Tribunal para procesar a Jesús Merino, imputado por los delitos de cohecho y fraude fiscal dentro de la operación Gürtel.

El Senado aprobó el último suplicatorio en 2007 y el Congreso en 2000

En los próximos días sucederá lo mismo con el suplicatorio del ex tesorero del PP y senador por Cantabria Luis Bárcenas, que ha pedido expresamente a la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta que agilice ,"en lo posible", la aprobación del suyo. Él también se ha visto implicado en la presunta trama corrupta dirigida por Francisco Correa.

La imputación de ambos en el caso que ha salpicado de lleno al PP se conoció el pasado 17 de julio, pero no serán procesados hasta que el Congreso en el caso de Merino y el Senado en el de Bárcenas remitan al Alto Tribunal su visto bueno, refrendado por la mayoría de las cámaras.

Los suplicatorios contra Bárcenas y Merino son los primeros que se aprueban en dos años. El anterior se dio en el Senado en 2007, contra la conservadora María José Elices, acusada de injurias contra el alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal. La causa fue finalmente archivada.

El ejercicio irregular de la función pública ha motivado varios procesos

En el Congreso, el último suplicatorio se remonta a nueve años atrás. El 30 de mayo de 2000, el Pleno daba su aprobación al inicio del procedimiento contra José Manuel Chapela, también del PP, acusado de adjudicar una plaza de cabo de la Policía Municipal de forma arbitraria cuando era alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra). Este caso también fue archivado por el Supremo.

Los delitos relacionados con el ejercicio irregular de la función pública son, precisamente, los que han provocado la mayoría de esos requerimientos del Supremo. Destaca el caso del ex ministro del Interior José Barrionuevo (PSOE), condenado a 13 años de prisión por su implicación en los GAL mientras era miembro del Gobierno de Felipe González, en 1995.

Ángel Sanchís, que fue tesorero de AP, también fue objeto de un suplicatorio en el Congreso por el caso Naseiro, por el que se investigó la presunta financiación irregular del partido fundado por Manuel Fraga. La falta de pruebas hizo que el Alto Tribunal diera carpetazo al asunto, que también implicaba a varios dirigentes conservadores con el tráfico decocaína.

Más llamativo es el caso de Tirso Tomás González. El ex senador de CDS fue acusado de haber propinado una paliza a varios menores a los que sorprendió en el interior de un hotel de Arenas de San Pedro, localidad abulense de la que fue alcalde hasta principios de los años noventa.

Cuando aún no existía Ley de Partidos y la izquierda abertzale radical concurría a las elecciones generales y conseguía representación, el Supremo se valía del suplicatorio para iniciar procedimientos contra los parlamentarios y senadores de HB por enaltecimiento del terrorismo.

Fue el caso del histórico dirigente independentista Francisco Letamendia, sometido a dos suplicatorios, y también fue la razón que motivó el primer procedimiento de estas características contra el ex diputado Telesforo Monzón.

Los diputados y senadores también son procesados por delitos menores

La inmunidad parlamentaria tampoco libra a diputados y senadores de ser procesados por delitos considerados menores. Y es que, en teoría, la ley es igual para todos, aunque para algunos la Justicia sea más lenta. Las injurias o los accidentes de tráfico considerados de menor importancia, también han motivado varios suplicatorios en algo más de 30 años de democracia.

Este último es el caso de Carmen Hermosín, la única diputada socialista cuyo caso, un accidente de tráfico, fue sometido a suplicatorio y que se mantiene en activo en el Congreso. "Fue un poco de sorpresa, pero yo estaba deseando de que se concediera y que no hubiera ningún problema", indicó. Después de que las compañías aseguradoras de Hermosín y de la otra implicada en el siniestro mantuvieran un encontronazo en los tribunales, llegaron finalmente a un acuerdo y no se celebró juicio.

En ese momento, la diputada se sintió víctima de un abuso de la administración de Justicia por parte del ciudadano que la denunció "o por parte de su compañía de seguros". Por eso, y aunque reconoce que la condición de inmunidad de diputados y senadores "responde más bien a cuando el poder legislativo estaba más sometido", está a favor de que este privilegio se mantenga.

Desde la perspectiva de quien ya no forma parte de la política activa, el ex diputado del PP José Castro, no es de la misma opinión. "Los diputados deben ser iguales ante la Justicia, como todos los demás ciudadanos", apuntó. Él también pasó por el trance del suplicatorio en 1991, después de que fuera denunciado por injurias, mientras era alcalde del municipio pontevedrés de Ponteareas.

Los representantes del PP se han visto implicados en 22 procedimientos

"Vinieron a cortarnos los cables de nuestra televisión local y yo me opuse", aclaró, "pero me acusaron de haber insultado a los operarios". La Audiencia Provincial de Pontevedra, que asumió el caso una vez que Castro dejó de ser diputado, lo absolvió. Su suplicatorio fue visto por el Congreso y posteriormente por el Senado, ya que Castro cambió de Cámara mientras el caso seguía abierto.

Escéptico sobre el sentido de la inmunidad parlamentaria también se muestra el secretario de Política Autonómica de IU, José Luis Centella. En 1996, un grupo de empresarios lo denunció acusándole de haber adjudicado una serie de chiringuitos playeros en Benalmádena a dedo, cuando era alcalde de la localidad. Como también era diputado, el procedimiento judicial lo tramitó el Supremo.

"Fue absurdo ver a todos esos pequeños empresarios sentados en la Sala del Supremo", aseguró. Su caso fue archivado, pero, pese a todo, exige que se promulgue alguna iniciativa para que no suceda lo mismo que en su caso, y se agilicen los procedimientos contra los representantes públicos. De momento, la Justicia debe pronunciarse sobre los casos de Bárcenas y Merino.

La Constitución establece que, “durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito”. Además, estos “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. La catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez recuerda que se trata de una “prerrogativa histórica”, promovida, en su día, para que los parlamentarios “pudieran realizar su función sin cortapisas y sin disfunciones”.

Hoy en día, “solamente tiene razón de ser para que no se utilice a la Justicia por poderes ajenos evitando así la participación de los representantes públicos en el Parlamento”, apunta Gómez. Y precisa: “Podría pasar que se dieran unas mayorías tan justas, que con la mera detención de un parlamentario se pudiera cambiar el resultado de una votación”.