Las claves de la ley rider: el Congreso da el visto bueno y se prepara para su entrada en vigor

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprueba este miércoles, con competencia legislativa plena, la llamada ley rider. Tras este trámite remitirá el texto al Senado para que continúe con su tramitación y la ley pueda quedar lista para su entrada en vigor el próximo 12 de agosto.

Esta norma, consensuada con los sindicatos y la patronal, ha sido una de las principales apuestas de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pese a la negativa de las formaciones políticas de la oposición: Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Laboralidad como principal objetivo

Plataformas de reparto como Glovo, Deliveroo o Uber Eats tendrán que cumplir a partir de agosto con la ley que reconoce la relación laboral de sus trabajadores, ya que se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto. Esta cuestión ya viene recogida en numerosas sentencias, como la del Tribunal Supremo que dictaminó en septiembre del 2020 la existencia de una relación laboral entre las plataformas de reparto y sus riders. No obstante, como adelantamos en Público, estas empresas contemplan opciones para evitar las contrataciones, como emplear falsas cooperativas o empresas de subcontratación.

Protección social para los trabajadores

En el momento en el que los riders dejen de ser falsos autónomos y sean trabajadores por cuenta ajena, como dice la ley, su protección será igual a la de cualquier asalariado, es decir, tendrán derecho a vacaciones y permisos retribuidos, lactancias, reducciones de jornada y salario mínimo. Derechos que no tenían hasta la fecha porque se encontraban bajo el régimen de autónomos, con muchas menos prestaciones sociales. 

Se conocerán las reglas de los algoritmos

Este punto es el menos conocido. En la ley se concreta que la representación legal de los trabajadores podrá tener acceso y conocer las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, además de incluir el acceso y mantenimiento del empleo, así como la elaboración de perfiles. El objetivo de este apartado es evitar sesgos o penalizaciones, ya que todo trabajador tiene derecho a conocer las razones de aquellas decisiones que pueden afectarle. La ley exigirá a las empresas una transparencia que, hasta el momento, no tenía.

Abre la puerta a más control

Sobre esta cuestión, Yolanda Díaz anunció en mayo de este año la creación de un grupo de expertos para que analice el buen uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales a gran escala. El objetivo es que el uso de los algoritmos no penalice a los trabajadores.