La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha solicitado por escrito al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, que se impongan medidas cautelares para evitar que Diviertt y sus responsables – es decir, Miguel Ángel Flores– puedan llevar a cabo en cualquier recinto de la Comunidad eventos similares al de Madrid Arena hasta que se esclarezcan los hechos en la investigación.

La comisión que investiga las muertes de las cinco jóvenes en la macrofiesta del Madrid Arena votará mañana el dictamen final antes de pasar por el Pleno. En sus conclusiones, los partidos de la oposición no dudan en'corresponsabilizar' al Ayuntamiento.

El portavoz de Izquierda Unida en el consistorio, Ángel Pérez, acusa de 'abandono de funciones, por no haber cumplido sencillamente con la ley'. Aseguran que 'si el ayuntamiento niega que haya habido irregularidades y sucedió lo que sucedió, quiere decir que en cualquier momento puede volver a suceder'.

El PSOE va más allá y pide el cese de la alcaldesa madrileña -Ana Botella-, del vicealcalde -Miguel Ángel Villanueva- y de los diferentes responsables municipales de seguridad y urbanismo. Los socialistas han presentado 14 propuestas y argumentan que el Madrid Arena no tenía licencia y que en el recinto no se cumplió la normativa de seguridad, por lo que se ha referido a 'responsabilidades bastante graves' de la Policía Municipal y el Área de Seguridad, así como de Madridec por los contratos 'fidelizados' con la empresa organizadora del evento Thriller Music Park, Diviertt. 

Pérez ha recordado que IU no participó en los trabajos de la comisión tras serles negadas por la mayoría absoluta del PP más de una decena de comparecencias, entre ellas las de la alcaldesa, pero ha dicho que, a día de hoy, no se sabe 'nada sustancialmente nuevo' que no se conociera antes de esta investigación municipal.

El PP culpa al exceso de aforo la causa principal del suceso. Por eso, algunas de de sus 14 propuestas incluyen instalar en los edificios municipales elementos digitales de control del aforo, su reducción drástica y la creación de un mando único de seguridad y emergencias, como ha avanzado el portavoz del popular, Enrique Núñez.

Núñez ha destacado igualmente que la instalación municipal 'cumplía con todas las garantías' y que fue alquilada por la sociedad pública Madrid Espacios y Congresos a un promotor privado, que hizo 'un mal uso' del edificio. Todo ello 'derivó en la tragedia', a lo que ha sumado la 'venta masiva' de entradas, muy superior al aforo permitido y 'notificado por contrato' al empresario.