La filial china de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) fue condenada este viernes a pagar una multa récord de 3.000 millones de yuanes (489 millones de dólares, o unos 380 millones de euros) por pagar sobornos, informaron medios oficiales. Un tribunal de la ciudad de Changsha (capital de la provincia de Hunan) emitió la decisión tras un juicio a puerta cerrada, en el que cinco empleados de la compañía fueron condenados a penas de dos a cuatro años de cárcel, aunque no tendrán que ingresar en prisión.

Tras divulgarse el veredicto, GSK China emitió un comunicado en el que 'acepta plenamente los hechos, las pruebas de la investigación y el veredicto de las autoridades judiciales chinas'. Además, la compañía pidió disculpas a los pacientes, médicos y hospitales, al Gobierno y al pueblo de China, y aseguró que 'lamenta profundamente el daño causado'. La filial china de la compañía británica se disculpó 'por el daño causado a las personas que fueron investigadas ilegalmente' por la propia entidad.

El caso se destapó a finales de junio de 2013, y las autoridades chinas acusaron a GSK de promover y mantener una red que destinó la misma cantidad de la multa (3.000 millones de yuanes) a sobornos a médicos y centros sanitarios. Según la Policía, GSK utilizó una agencia de viajes de Shanghái, junto con otras firmas locales, como intermediaria para sobornar a médicos, hospitales y distintas empresas. Algunos cargos intermedios de la compañía también recibían al parecer sobornos, a fin de que entraran en el juego, incluso mediante prostitución.

El objetivo de esta red era impulsar las ventas de la farmacéutica en China, donde en 2012, el año anterior al escándalo, GSK obtenía cerca del 4% de sus ventas mundiales, y donde la compañía ha hecho grandes inversiones, ya que cuenta en el país con 7.000 empleados, cinco fábricas y un centro de investigación.

El anterior presidente de GSK para China, Mark Reilly, fue sustituido en julio de 2013 y retenido en el país desde entonces. Reilly está acusado desde mayo pasado como responsable de fomentar la red corrupta, junto a varios empleados de la compañía, incluidos cuatro altos directivos de la filial en el país oriental. Se trata de su entonces director de desarrollo de negocios, Huang Hong, del vicepresidente y director de operaciones de GSK China, Liang Hong, de su director de recursos humanos, Zhang Guaowei, y de su director de asuntos jurídicos, Zhao Hongyan. La información sobre la sentencia divulgada por la agencia estatal Xinghua no precisa si estos directivos son las personas condenadas a prisión, aunque con la suspensión de esas penas.

Las primeras condenas relacionadas con el caso salieron en agosto de un tribunal de Shanghái, que sentenció a dos años de prisión al consultor británico Peter Humphrey y a su esposa Yu Yingzeng, estadounidense de origen chino, que trabajaron para Reilly, y fueron hallados culpables de 'obtención ilegal de información privada'. El Tribunal Popular Intermedio Número 1 de Shanghái les impuso una multa adicional de 150.000 yuanes (19.000 euros, 24.000 dólares) por la obtención ilícita de información y de 256 documentos privados.

Se trataba de datos como copias del documento de empadronamiento familiar (hukou) de sus investigados, apuntes de sus relaciones familiares y de sus propiedades en bienes inmuebles y vehículos, así como registros de llamadas y de sus salidas de casa. La pareja compilaba así 'informes' que vendía después a altos precios a sus cerca de 700 clientes, en su mayoría grandes corporaciones multinacionales como la farmacéutica británica, en cuyo nombre Reilly les había encargado encontrar al 'chivato' que estaba empezando a difundir lo que acabó siendo el escándalo de GSK.

Tras estallar el caso, las autoridades chinas empezaron a investigar a la farmacéutica francesa Sanofi por posible corrupción, y visitaron las plantas en el país de otras grandes empresas del sector, como las danesas Novo Nordisk y Lundbeck, la belga UCB, la británica AstraZeneca y la estadounidense Eli Lilly. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China protestó hace un año por lo que consideró entonces una investigación 'discriminatoria' dirigida contra firmas extranjeras y no contra las farmacéuticas chinas.