Chile afronta las torturas que practicó la dictadura

"Por la violación de los torturadores, quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí descargas eléctricas, acoso sexual con perros y me introdujeron ratas vivas por la vagina. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano, que también estaban detenidos. Tenía 25 años. Estuve en prisión hasta 1976".

Este testimonio es uno de los 28.000 que contiene el informe que el Estado chileno presentó en 2005, el cual reconoce a los detenidos que sobrevivieron a las torturas practicadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que creó Augusto Pinochet.

La presidenta, Michelle Bachelet (también víctima), se ha comprometido a reabrir en las próximas semanas la Comisión contra la Tortura para recoger nuevos testimonios y ayudar a la reparación. Se estima que hay 100.000 supervivientes.

Por primera vez, la Justicia falló la semana pasada a favor de un grupo de víctimas de la tortura y obligó al Estado a indemnizar a cada demandante con 13.000 euros. Erika Henning y su marido Alfonso Chanfreau tenían 23 años cuando agentes de la DINA llegaron a su casa a detenerlos. Era el 13 de agosto de 1974. "Estábamos con nuestra hija de 20 meses. Alfonso les suplicó que no nos llevaran a todos pero a la mañana siguiente volvieron a por mí", recuerda ella.

La llevaron al centro de detención Londres 38, que hasta el golpe era la sede central del Partido Socialista. Erika asegura que fue brutalmente torturada delante de su marido, para que él diera información sobre sus compañeros. Fue la última vez que vio a Alfonso.

El Museo de la Memoria se abrirá en un antiguo centro de detención

"Si el odio es querer matar a alguien, nunca sentí eso. El sentimiento más claro que tengo es un profundo desprecio por su maldad, por lo mentirosos que son", precisa hoy Erika, a sus 60 años.

A Erika el tiempo le ha aportado serenidad. Cree que las acciones desde el Estado (como los informes, memoriales y beneficios económicos) le han ayudado a incorporar su sufrimiento. A las víctimas de torturas les asigna una pensión mensual de 185 euros. El salario mínimo en Chile ronda los 238 euros.

La hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la DINA en julio de 1976, asegura a Público que las reparaciones no sirven: "El dolor no se calma con nada. Sólo saber qué sucedió puede darte un poco de tranquilidad, junto al paso del tiempo". Carmen recuerda que con 16 años tuvo que salir en busca del cadáver de su padre, mirando en solares cercanos a su casa. Soria, un funcionario de Naciones Unidas, que ayudó a asilar gente en las embajadas, estuvo desaparecido cuatro días y fue encontrado en un barranco, cerca de su coche. Simularon un suicidio. "No ha habido justicia. Estamos en un país donde en el cielo perviven los muertos, mientras los asesinos caminan por sus calles", acusa Carmen. Los tribunales cerraron definitivamente el proceso por el asesinato de Soria en 1996. Sin culpables. Carmen denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ordenó reabrir el caso e indemnizar a sus herederos con un millón de euros.

El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado una noche en Santiago cuando hacía ronda a bordo de su taxi. Un par de agentes se hicieron pasar por pasajeros, lo condujeron hasta un descampado y lo degollaron. Simularon un atraco.

"Aquí los asesinos andan por las calles", dice la hija de Carmelo Soria

Su hijo, Tucapel Jiménez, hoy diputado, no cree en la reconciliación. "Sólo aclarando los hechos puede mejorarse la convivencia", dice. Recuerda a este diario que después de años de juicios, uno de los militares que asesinó a su padre confesó el crimen y se pudo dictar sentencia. Jiménez tuvo ocasión de hablar con él: "Pidió perdón mirándome a los ojos pero cuesta perdonar".

El asesino, el ex capitán Carlos Herrera, lleva 20 años en prisión. En conversación con Público reitera que siente vergüenza por lo que hizo y asegura haber tenido un "profundo cambio interior". Tucapel Jiménez reitera que "nunca llegaré a abrazarme con quien mató a mi padre".

Bachelet acaba de anunciar la creación del Instituto de Derechos Humanos y la apertura del Museo de la Memoria en un antiguo centro de detención. Pero, mientras se dan pequeños pasos, el autor intelectual de las atrocidades, el anciano general Manuel Contreras, ha pedido el amparo de la CIDH para lograr su libertad.

Licencia para torturar
Creada en junio de 1974 por el decreto ley 521, a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras, la DINA tenía facultades para detener, torturar y confinar a sospechosos el tiempo que considerase necesario.