El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, volvió a rechazar ayer el auto del juez español que vincula a su Gobierno con una supuesta alianza de ETA y las FARC y dijo que los presuntos etarras que llegaron a este país en 1989 no participan "en ninguna actividad terrorista".

"Para qué voy a responder eso, me parece tan estúpido eso que no hay ni que responder. Creo que ni los que lo señalan lo creen", manifestó Chávez al ser preguntado por la prensa sobre la acusación de nexos entre su Gobierno y la banda terrorista ETA, al término de un encuentro con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

El presidente venezolano dijo que el caso abierto por el juez Eloy Velasco, en el que se señalan "indicios" de "cooperación gubernamental venezolana" con la supuesta alianza de ETA y las FARC es "una locura, porque no hay ni una sola prueba que sustente la acusación".

Chávez invitó a preguntarle al ex presidente del Gobierno español Felipe González "por qué hizo aquel convenio" con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez "a través del cual llegó un grupo de personas que pertenecieron a la ETA y que son ahora venezolanos y están casados y tienen hijos y hasta nietos".

"Estamos seguros que no están participando en ninguna actividad de terrorismo", dijo, en referencia a los once presuntos etarras que llegaron a Venezuela en 1989 en virtud de aquel acuerdo, tras el fracaso de las negociaciones de Argel entre el Gobierno español y la banda terrorista.

Agregó, no obstante, que si le "demostraran otra cosa, con pruebas irrefutables, la situación cambiaría".

El juez Velasco procesó el pasado 1 de marzo a varios presuntos miembros de ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por colaborar presuntamente para atentar contra altos cargos colombianos en España.

Según indicaron ayer fuentes judiciales españolas, el juez ha cursado ordenes de detención internacional de los procesados, entre ellos Arturo Cubillas Fontan, uno de los once presuntos etarras que llegaron en 1989 a Venezuela.

Cubillas, casado con una ciudadana venezolana de origen vasco que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, ocupó en 2005 el cargo de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras, y tiene nacionalidad venezolana.

El pasado 1 de enero, el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que rechazó la denuncia del juez sobre su supuesta vinculación con una alianza de ETA y las FARC, y calificó las consideraciones del magistrado de "señalamientos inaceptables", de "naturaleza y motivación política".

"En el mencionado auto, se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González", indicó entonces la Cancillería venezolana en su nota.

Desde que se conoció el auto del juez Velasco hace quince días, Chávez y otros miembros de su Gobierno han denunciado en repetidas ocasiones una presunta campaña de la derecha española en su contra, de la que, en su opinión, forma parte la denuncia relacionada con ETA.

El presidente venezolano reiteró ayer que no quiere dañar las relaciones con España, pero señaló que "no entiende" cómo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, puede poner en peligro la relación con Venezuela por defender al ex presidente español José María Aznar.

"No entiendo por qué Zapatero defiende a Aznar por el hecho de que sea un ex presidente. A eso le llaman la solidaridad automática, y eso sí es malo", dijo.

Subrayó, como ya lo dijo la semana pasada, que si las relaciones se dañan "España tiene mucho más que perder" y abogó porque la "sindéresis" vuelva a regir las relaciones entre ambos países.

Chávez volvió a denunciar, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, que Aznar "sabía" del golpe de Estado de 2002 contra él y dijo que Zapatero no debería molestarse cuando se califica al ex presidente de "mafioso", "porque lo es".

Afirmó que las relaciones con Madrid no sufrirán por mucho que le ataque la prensa o la derecha española, aunque sería diferente si el "irrespeto" viene del gobierno de Zapatero, y entonces el "daño" sería mayor para España porque podría afectar a las inversiones que tienen sus empresas, especialmente en el petróleo y el gas.

Al referirse al juez Velasco, Chávez señaló unas fotos que han sido publicadas en la prensa de este país en las que se ve al fallecido dirigente de las FARC Raúl Reyes recibido en el año 2000 por el gobierno autónomo valenciano, presidido por Eduardo Zaplana del conservador Partido Popular (PP) y del que formaba parte entonces el magistrado.

Reveló que él también recibió en aquella época a Reyes, a petición del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana pero, dijo, "en privado y en secreto".