El CGPJ pierde democracia interna tras un año de presiones políticas

Las aguas bajan revueltas en el órgano de gobierno de los jueces que creó la Constitución Española y cuyas competencias fueron mermadas por decisión de este Gobierno del PP.

La situación es tal que en una semana, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha hecho con la cabeza de la vocal de CiU Mercè Pigem, a quien forzó a dimitir sin darle siquiera tiempo para explicar sus motivos ante el resto de compañeros del pleno del órgano de gobierno de los jueces. Además, ha acabado con el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de la Gürtel, mientras se niega a amparar a los jueces que han excarcelado a etarras en cumplimiento de lo que dispone el Consejo de Europa y los deja a los pies de las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los medios afines.

Nunca un órgano como el CGPJ había sido tan politizado: los 20 miembros son elegidos directamente por los grupos parlamentarios, sin que los 12 de procedencia judicial previstos por la Constitución sean elegidos siquiera indirectamente por sus compañeros; y las ‘sugerencias' y presiones por parte del PP a vocales alcanzan tal magnitud que un sector de este partido, muy castigado por la corrupción, intenta ahora forzar la no renovación de la presidenta del tribunal superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para sustituirla por alguien que fue miembro del gobierno popular de Francisco Camps, investigado por casos de corrupción.

Lesmes ha impuesto una estructura vertical y presidencialista en el órgano de gobierno de un poder, el judicial, que está basado en la deliberación y en la decisión colegiada.
Basa su poder en la comisión permanente, epicentro desde donde gobierna bajo el amparo del Ejecutivo del PP. Sus cinco miembros son los únicos con dedicación exclusiva y alto salario, del total de 20 vocales elegidos por las Cortes Generales.

El próximo jueves tendrá lugar el pleno del CGPJ, que sin duda será el más tenso del año que lleva Lesmes al frente del órgano. La sustitución de la vocal convergente Mercè Pigem en la comisión permanente es el primer problema al que se enfrenta. Según fuentes judiciales consultadas por Público, Carlos Lesmes tiene la intención de nombrar a alguien "de su confianza" para el puesto en otro arrebato de presidencialismo, ya que es el Pleno el que elige a los miembros de la Permanente, tal como refleja el artículo 601 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Lesmes quiere colocar a Nuria Abad, pero la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha solicitado por escrito incorporarse a la Permanente en sustitución de Pigem. Es más, varios vocales progresistas planean escribir una carta similar, en una suerte de motín a bordo del sector crítico que él no consigue controlar.

La comisión permanente ha de renovarse una vez al año, y aunque el artículo 601 de la LOPJ insta a "procurar la rotación" de sus miembros, fuentes del sector progresista aseguran que Lesmes "no tiene intención de renovar los puestos de la permanente".

"Se está creando muy mal ambiente", reconocen fuentes del órgano, que señalan como un hecho paradigmático la presión que Lesmes ejerció sobre Pigem hasta conseguir su dimisión cuando ésta siempre le había apoyado en la Permanente. Lesmes afronta, así, un pleno con cuentas pendientes y con el sector progresista enfrentado a él por sus últimas decisiones.

A esta renovación de la permanente se suma la sustitución del puesto del CGPJ que ocupaba Pigèm. El Senado designó en 2013 los suplentes, y el primero es Antonio Álvarez-Buylla. Decano de los procuradores de Madrid, Álvarez-Buylla estaba querellado hasta final de noviembre por un presunto delito de falsedad. Los querellantes planean recurrir el archivo de la causa, por lo que no podría ser nombrado vocal ya que éstos se rigen por las mismas incompatibilidades que los jueces , que no pueden ejercer en caso de estar procesados.

El sector progresista del órgano ya ha manifestado que Lemes debería ser tan "ejemplar" con Álvarez-Buylla como con Pigem, quien sin haber cometido ningún delito ni falta administrativa fue forzada a dimitir tras ser pillada.

Mercè Pigem, que ocupaba su puesto en el CGPJ a propuesta de CiU, se convirtió en un elemento incómodo para Lesmes. En el proceso soberanista catalán, Pigem se mostró a favor de la consulta, y Lesmes no tardó en llamar a capítulo a la vocal.

"Cuando Pigem apoyó el 9-N, fue abroncada por Lesmes" de tal manera que "los gritos se oían desde el pasillo", relatan fuentes internas. Esta advertencia fue interpretada por el entorno de Pigem como el inicio de una "persecución" para sacarla del CGPJ y, en consecuencia, para sacar a CiU de un órgano del Estado por primera vez en la historia. Tras celebrarse la consulta alternativa, se produjo la "pillada" de la vocal y su dimisión forzada.

En el episodio de Andorra, el entorno de Pigem asegura que "fueron a por ella". La vocal catalana tiene familia en Andorra. En la frontera, los agentes de aduanas suelen preguntar por mercancías a declarar de forma habitual. Sin embargo, el día que se para a Pigem se preguntó por el dinero que llevaban ella y su hermana. La cuantía total que llevaban ambas (20.100 euros) estaba en la frontera del límite permitido, que son 10.000 euros por persona.

El agente de aduanas presente, que se encontraba con un miembro de la guardia civil, no consideró pertinente la apertura de ningún informe. Sin embargo, el guardia civil insistió en elaborarlo, a pesar de que el agente de aduanas se retiró y lo dejó solo.

"La filtración del incidente a la prensa provino de fuentes del Ministerio del Interior", sostienen en fuentes del sector crítico. Cuando Pigem se reunió el viernes 28 de noviembre con Lesmes, el encuentro resultó ser una encerrona. La presión fue de tal magnitud, que se difundió una nota de prensa desde el CGPJ anunciando que Lesmes le había pedido la dimisión, cuando ambos aún estaban reunidos en el despacho.

"Esto es un aviso a navegantes", se lamentan miembros del órgano. "Tenía que haber esperado al lunes para dejar que se explicara ante el pleno". Al día siguiente de su reunión con Lesmes Pigèm hacía oficial su renuncia en el órgano.

Otra decisión polémica ha sido el concurso de la plaza del juez central de instrucción 5. El juez Pablo Ruz, ocupa esta plaza desde hace tres años y medio en sustitución del juez titular, Miguel Carmona, ocupando la figura conocida como "comisión de servicios". Esta figura no pasa por concurso público, sino que son puestos por designación que se encarga de renovar el CGPJ cada seis meses.

Este concurso se insertó en un macroconcurso de 364 plazas de jueces, donde se metieron una treintena de casos como el de Ruz. La competencia de convocatoria es de la Permanente, pero la decisión de si una plaza se dota en comisión de servicios es discrecional y puede ser abordada por el pleno.

Cuando este proceso culmine, Ruz tendrá que abandonar su puesto porque tiene 10 años de antigüedad y a la Audiencia Nacional concurren jueces con 25 años de ejercicio profesional.

En este año transcurrido, Lesmes ha implantado un régimen presidencialista y ha conseguido tal estructura de poder piramidal que el Pleno se ha quedado casi vacío de contenido; sólo se ocupa de los nombramientos y los informes prelegislativos.

El pasado 4 de diciembre el CGPJ archivó las diligencias previas que abrió a los 33 jueces firmantes del manifiesto a favor del derecho a decidir, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Días antes Lesmes había anunciado en corrillos con políticos que la comisión disciplinaria iba a expedientar al juez Santiago Vidal y el resto de firmantes.

Sin embargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, archivó las diligencias abiertas. "No puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española", aseguró.

Además, 11 de diciembre el Tribunal Supremo anuló la sanción de diez días de suspensión de funciones a tres jueces de Sevilla por presuntos retrasos en resolver un caso derivado de una compraventa realizada en 2002. La sanción había sido impuesta por el CGPJ con el voto en contra de cuatro miembros. El Tribunal Supremo declaró que la sanción no debió imponerse nunca.