La Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decretó este martes 'el cese por causa de inidoneidad' de la jueza sustituta Pilar Huerta Sánchez, quien durante los seis meses que estuvo al frente del Juzgado de los Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife dejó decenas de sentencias sin redactar. La decisión del órgano de gobierno de los jueces se produce sólo un día después de que Huerta declarase ante el magistrado que instruye su expediente disciplinario y ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que también la investiga un posible delito de infidelidad de documento público ya que se llevaba los autos de las causas que instruía a su casa y no las devolvió al juzgado cuando abandonó su puesto.

El caso salió a la luz la pasada semana el diario Canarias Ahora, aunque el TSJC lo investigaba desde septiembre de 2010, cuando la magistrada que tomó posesión del juzgado tras ella puso en su conocimiento 'las irregularidades en cuanto al dictado de sentencias' de su antecesora. El Alto Tribunal incoó entonces diligencias informativas y, meses después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió expediente disciplinario.

Durante la investigación, los jueces se encontraron con una nueva e inesperada traba. En marzo de 2011 el magistrado instructor del expediente informó al TSJC de que Pilar Huerta no estaba localizable porque había cambiado de domicilio y de teléfono sin comunicarlo. El tribunal tuvo que pedir ayuda a la Policía para conseguir dar con su paradero. Lo que no ha sido posible saber hasta ahora, sin embargo, es el número exacto de sentencias pendientes. Después de analizar durante cinco meses la documentación que había en el juzgado, su actual titular tuvo que reconocer recientemente que era imposible de cuantificar, porque su antecesora se había llevado un número indeterminados de expedientes a su casa cuando dejó el puesto. ¿Cuántos? La propia Huerta reconocía a la prensa que tenía en su casa 'alguno' y que esta práctica era habitual entre los jueces porque, 'si no, habría que cerrar los juzgados a las cuatro de la mañana para completar la jornada laboral'.

El lunes, tras prestar declaración ante la Fiscalía y ante el magistrado que instruye el expediente disciplinario, su abogado aseguró que la jueza se amparó en problemas personales para explicar los retrasos 'totalmente justificados' de sus sentencias. E, incluso, llegó a considerar que un plazo de año y medio en dictar un fallo no era 'ni tan extraño ni tan grave'.