En febrero de 2009, la compañía estadounidense de ingeniería Kellog Brown & Root fue culpada de haber sobornado durante diez años a altos cargos del Gobierno de Nigeria para lograr contratos de infraestructuras de gas natural licuado por valor de 6.000 millones de dólares. La pena a la que tuvo que hacer frente fue una multa de 402 millones y tres años de inspecciones.

En diciembre de 2008, tres filiales de la italiana Fiat fueron culpadas de haber sobornado al Gobierno de Irak para que inflase un 10% los contratos del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos. El grupo alemán Siemens ha llegado a pagar 1.369 millones de dólares entre multas y acuerdos extrajudiciales por sobornos a cargos públicos para lograr contratos.

La lista es larga. Más de 250 casos están siendo investigados, 150 empresas e individuos han sido condenados con penas de cárcel de hasta cinco años y, sin embargo, el soborno por parte de empresas a altos cargos de gobiernos para lograr grandes contratos internacionales sigue a la orden del día. Las cifras son demasiado jugosas.

La OCDE lleva diez años luchando contra la situación y ha decidido aumentar la presión en vista de que los resultados indican que 'pocas compañías se dan cuenta del daño que provoca el soborno internacional en la economía mundial', según declaraciones del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

Según declaró a Público Patrick Moulette, máximo responsable del grupo de Anticorrupción de la OCDE, 'entre este mes de marzo y principios de abril se dará a conocer un listado de visitas in situ a países miembros' para saber en qué medida han adoptado la Guía de Buenas Prácticas sobre Control Interno, Ética y Compromiso que la OCDE aprobó a finales de 2009 para combatir el soborno. 'En otoño, se harán públicos los informes', añadió. Es la tercera fase de una larga serie de medidas de la OCDE contra este tipo de corrupción que, según Moulette, 'golpea más duramente a los más débiles, ya que los sobornos a cargos públicos' provocan que se presten incorrectamente o 'denieguen servicios como el acceso al agua'.

La lucha de la OCDE se inició en 1997, cuando se diseñó la Convención para Combatir la Corrupción Pública. Hoy forman parte de dicha convención 38 países, que incluyen los 30 miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Estonia, Israel, Eslovenia y Sudáfrica. Ahora quieren que se incorporen China, India y Rusia. Se trata 'del primer y único instrumento internacional contra la corrupción que pone el foco en el lado de quien soborna' en lugar de en aquel que lo recibe, comenta Moulette.

La OCDE no tiene capacidad sancionadora, pero puede presionar a los gobiernos para que adapten sus legislaciones a las exigencias de la convención, que incluyen convertir en delito el soborno a cargos públicos extranjeros, impedir la deducción de impuestos de los pagos e imponer sanciones disuasorias. En caso de que un Estado no adopte estos instrumentos se podría 'incrementar la presión con el envío de una misión de alto nivel o haciéndolo público'.