El maltrato al ganado equino en Galicia, con más de un centenar de casos desde 2011 según la Fundación Franz Weber y la asociación Libera, ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación sobre una barbarie medieval, el empleo de cepos, para inmovilizar a los caballos.

El maltrato animal en España es un problema social grave y la organización animalista Libera abrió hace tres años una línea veinticuatro horas, llamada Caballos con cepos, en la que se han registrados 129 casos, el último del 24 de noviembre. Pese a esta cifra, solamente hay una sentencia condenatoria en el año 2013. Los cepos, pexas o trancas son una nueva amenaza para los caballos, principalmente en la comunidad gallega, donde es habitual ver como esta práctica de maltrato animal, que limita la movilidad de los equinos, se extiende de manera exponencial desde que en el año 2006 se hallaran varios casos de caballos con cepos calcinados durante la oleada de incendios que asoló Galicia.

Los efectos más destacables son la deformación en el andar del animal y las infecciones que provoca el metro de cepo atado a la pata, que pueden llegar a causar, incluso, la muerte. Estos artilugios no solo disminuyen su movilidad, sino que además modifican su forma de desplazarse, ya que en lugar de ir al paso o trotando, tienen que dar saltos con las dos patas delanteras juntas. Así, con este desplazamiento casi contra natura, los caballos pierden la capacidad innata que tienen para salvar obstáculos que en condiciones normales podrían sortear sin apenas dificultad y es en esta tesitura cuando se ven inmiscuidos en accidentes de tráfico.

Se calcula que unos 22.000 caballos en Galicia son salvajes y aproximadamente un 80% de ellos carecen del microchip obligatorio identificativo, según el portavoz de Libera en Galicia, Rubén Pérez, lo que dificulta aún más su labor, aunque ve una mayor conciencia social en el aumento de las denuncias, hechas desde el anonimato.

Libera tiene constancia de hechos similares en otros territorios del norte, como Cantabria y el País Vasco, así como en la parte norte de Portugal. 'El aparato de madera solo lo vimos en Galicia, pero el uso de cuerdas o cadenas, en otras partes. La crueldad de los ganaderos evolucionó, porque ahora añaden un trozo de manguera al final, de color amarillo o verde, para confundir', añade Pérez. Así, de lejos y con el animal quieto, ese nuevo elemento 'camufla el artilugio' y es imposible de apreciar.

Según Pérez, las multas por delito animal oscilan entre los 100 y los 30.000 euros, tras la reforma aprobada en el Parlamento gallego en el mes de septiembre, ya que con anterioridad a esta modificación el baremo se situaba entre los 30 euros y los 15.000.

Desde el mes de agosto, la Fiscalía investiga esta práctica tras una denuncia que la organización animalista Libera formuló el día 20 de ese mes, cuando se localizó un ejemplar en la zona de Chan de Arquiña, en Moaña, Pontevedra. En declaraciones a Efe, el fiscal de Medio Ambiente Álvaro García Ortiz indica que esta es una cuestión 'muy amplia' y muy difícil de establecer, puesto que el 'encaje' no es sencillo, porque obliga a demostrar y a acreditar que esta forma de maltrato produce secuelas. 'La simple utilización del aparato no significa que haya un delito, solo el inicio de una investigación', apunta.

Sobre el tipo de infracción, García señala que no existe un delito contra la seguridad viaria, ya que la colocación de obstáculos imprevisibles debe ser intencionada, y en este caso, 'nadie coloca un animal con una pexa intencionadamente en una carretera'. La multa, continúa, se establece por días y es proporcional, además de ir en correlación con la capacidad económica del acusado, un hecho que establece el propio Código Penal.

Por otra parte, la directora de Producción Agropecuaria de la Xunta, Patricia Ulloa, afirma que en Galicia existe una peculiaridad que es la 'libertad o semi-libertad' de este ganado, un hecho que forma parte de la cultura y que abogan por proteger. No obstante, observa que la mayor parte de los casos se producen en animales 'no identificados', aunque subraya que en los últimos años se ha avanzado mucho en este aspecto y cifra la identificación en torno al 65% o el 70%. Muchos casos no les son notificados, pero de los que sí hay registros son 5 en 2010, 9 en 2011, 18 en 2012 y 14 en 2013, a expensas de cerrar el actual ejercicio.

Por provincias, se detecta un mayor número de casos en Lugo y en Pontevedra, según el Ejecutivo gallego, y las multas para este tipo de prácticas pueden llegar a los 100.000 euros, según su gravedad.

Ulloa manifiesta que tras la liberación del animal, el primer paso, es la identificación del propietario, un hecho imposible en la mayoría de las veces, por lo que el caballo pasa a ser propiedad del Ayuntamiento y es éste el que decide si se sacrifica, solo en casos de extrema gravedad; si se subasta a otro propietario o se envía a un lugar de acogida.

Miles de caballos se mueven por caminos forestales, carreteras, laderas, senderos o merenderos a la espera de que alguien denuncie su situación para que puedan ser liberados de esos grilletes tortuosos que los aprisionan y que constituyen una forma de maltrato animal que no es un juego y sí un delito.