Los sonados escándalos en que se han visto envueltos durante los últimos años algunos destacados dirigentes de CEOE, con el consiguiente daño a la imagen de la patronal, han propiciado la aparición de nuevas entidades que le disputan, si no la representación legal de los empresarios, sí al menos su capacidad de influencia sobre la sociedad en general y sobre los poderes públicos en particular.

El último ejemplo de este movimiento ha surgido en la capital de España, donde recientemente fue anunciado Madrid Foro Empresarial, entre cuyos principales promotores figura Hilario Alfaro, que el pasado mes de marzo optó sin éxito a la presidencia de CEIM con un programa regeneracionista frente al que logró imponerse Arturo Fernández pese a sus conocidos problemas con la justicia. Este nuevo foro no pretende ser una patronal al uso, sino un laboratorio de ideas (lo que en el mundo anglosajón se conoce como un think thank) al que podrán adherirse profesionales, directivos y empresas para reflexionar sobre los grandes retos de la economía, desde los cambios que demanda la industria cultural hasta las ciudades inteligentes o la financiación de la sanidad.

Los promotores de Madrid Foro Empresarial reconocen, a pesar de ello, que su iniciativa no es ajena a las fuertes convulsiones que sufre CEOE, sobre todo desde que su anterior presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se vio forzado a abandonar el cargo tras las irregularidades detectadas en la quiebra del Grupo Marsans, del que era propietario junto con el ya fallecido Gonzalo Pascual. Ese caso, por el que Díaz Ferrán acabó dando con sus huesos en la cárcel, donde aún continúa, supuso un fuerte desgaste para CEOE, sobre todo por la lenidad de que hicieron gala sus principales responsables, que tardaron meses en encontrar una fórmula para librarse del presidente, a despecho del irreparable descrédito que su continuidad deparaba a toda la organización.

La pérdida de pulso de CEOE fue el caldo de cultivo que propició el nacimiento, en febrero de 2011, del Consejo Empresarial para la Competitividad , un grupo de presión integrado por diecisiete grandes corporaciones españolas (Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Iberdrola, Inditex, El Corte Inglés, Mercadona, ACS, Ferrovial, Acciona, Planeta, Barceló...) y por el Instituto de la Empresa Familiar.

Desde entonces, el Consejo ha emitido numerosas propuestas destinadas a mejorar la economía y la posición de nuestro país en el exterior (la última, una batería de medidas que, según sus autores, permitiría bajar la tasa de paro al 11% en 2018) y se ha convertido en un asiduo interlocutor del Gobierno, pues no en vano las empresas que participan en él copan más de una tercera parte del PIB.

Esa circunstancia ha acentuado las suspicacias que en su día despertó en CEOE la creación del Consejo, que la burocracia de la patronal percibe como un peligroso adversario, sobre todo a la vista de la creciente repercusión mediática de sus iniciativas, nada sorprendente teniendo en cuenta que en lo que también se conoce como el lobby del Ibex figuran los principales anunciantes de España.

Juan Rosell, que sucedió a Díaz Ferrán, ha intentado tender puentes y en su programa para la reelección, que se dilucidará el próximo 17 de diciembre, ha incluido la posibilidad de plantear un intercambio de sillas, de modo que haya representantes cruzados de CEOE en el Consejo y del Consejo en CEOE, cosa a la que no ayudan los episodios de corrupción que de un tiempo a esta parte se suceden en la patronal.

Los de mayor notoriedad pública afectan a dos de sus brazos más poderosos: CEIM y Cepyme, cuyos respectivos presidentes están llamados a responder ante los tribunales por actuaciones supuestamente irregulares que habrían cometido durante sus mandatos, en unos casos fuera y en otros dentro de las organizaciones que habían depositados en ellos su confianza.

Arturo Fernández, cuyo grupo de restauración acaba de entrar en concurso de acreedores y que fue sancionado en 2013 por no cotizar a la Seguridad Social las horas extra de algunos de sus empleados, está imputado en el caso Bankia y figura entre los titulares de las tarjetas opacas que disfrutaron durante años los consejeros de la entidad y de la extinta Caja Madrid.

Jesús Terciado fue denunciado recientemente por haber cobrado subrepticiamente desde 2010 más de 300.000 euros, a través de dos empresas suyas, por el desempeño del cargo de presidente de Cepyme, que no era retribuido hasta que en 2012 logró que le hicieran un contrato de alta dirección, en teoría para compensar los gastos derivados de la responsabilidad que había asumido. Esa denuncia y su posterior imputación le han costado el puesto a Terciado, mientras que Arturo Fernández continúa de momento al frente de CEIM, aunque renunció a la vicepresidencia de CEOE cuando se supo de su implicación en el asunto de las tarjetas opacas, con las que gastó más de 37.000 euros, parte de ellos en sus propios restaurantes.

Otra de las instituciones que amenazan con hacer sombra a la patronal son las cámaras de comercio, que habían quedado muy tocadas después de que el último Gobierno socialista eliminara las cuotas obligatorias, pero que han empezado una nueva vida gracias al reforzamiento de su papel como vehículos para la internacionalización de la economía española. En virtud de una ley que entró en vigor el pasado mes de abril, todas las empresas tienen que estar adscritas a las cámaras, aunque sin ninguna obligación económica ni de otro tipo; si bien deberán pagar por los servicios que de ellas reciban, como cursos de formación profesional que hasta ahora prácticamente monopolizaban CEOE y los sindicatos mayoritarios.

Todo ello, junto con otras iniciativas como el pujante Foro Puente Aéreo, que reúne a destacados empresarios de Madrid y Barcelona, diluye el peso de la patronal, cuya proyección pública y capacidad de influencia tienen que competir con otros actores que antes no existían o que se creían neutralizados, pero que han emergido a raíz del galopante deterioro de su imagen.