Prácticamente todo el departamento de Relaciones Laborales de la CEOE y la cúpula del aparato de la patronal se dieron cita este miércoles en los Juzgados de lo Social de Madrid. La reunión no era para ultimar los posibles acuerdos sobre la negociación colectiva, en la que patronal y sindicatos están inmersos, sino para acudir a la llamada de la Justicia que debe aclarar las acusaciones de acoso laboral que pesan sobre la representación de los empresarios españoles.

La importancia del caso quedó patente con la presencia del secretario general de la CEOE, José María Lacasa, y del director de Asuntos Legislativos, Rafael Aldama.

El magistrado Juan José del Águila Torres, del juzgado número 21, convocó a las 9.10 de la mañana un juicio de alto voltaje. Por un lado, la Comunidad de Madrid, demandante de oficio. Por otro, la CEOE, acusada de vulnerar 'derechos fundamentales'. Y, en medio, los trabajadores de uno de los departamentos clave de la patronal española que pilota José de la Cavada, el directivo que, según la Inspección de Trabajo, ha conculcado los derechos de sus trabajadores.

El magistrado decidió suspender el juicio ante la ausencia de la documentación

El magistrado decidió suspender el juicio ante la ausencia de la documentación necesaria. Según la Consejería de Empleo madrileña, el juez quiere las pruebas que los trabajadores de la CEOE aportaron a la Inspección de Trabajo cuando hicieron la denuncia en marzo del pasado año. Madrid asegura que no había 'recibido requerimiento de documentación complementaria' al expediente sancionador. Fuentes jurídicas conocedoras del caso aseguran que el letrado de la Comunidad tuvo acceso al caso a última hora de la tarde del martes, por lo que no tuvo capacidad de maniobra para solicitar la documentación pertinente.

Otras fuentes jurídicas aseguran que el juez ha fijado para abril la nueva vista. La CEOE gana así un mes de tranquilidad, antes de saber si existe una sentencia firme que diga que la patronal ha vulnerado la dignidad de sus trabajadores. Este retraso se suma a los provocados por la Comunidad de Madrid (la autoridad competente para imponer la multa de 25.001 euros que ha propuesto Inspección), que dejó casi expirar los seis meses de plazo legal para resolver el proceso antes de pasarlo al ámbito judicial por la gravedad de las acusaciones.