Este fiscal español, miembro de la Unión Progresista de Fiscales y antiguo fiscal anticorrupción, pasó de encabezar la denuncia civil en España contra el general chileno Augusto Pinochet a investigar para la ONU los feminicidios de la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. Ahora, al frente de esta peculiar fiscalía internacional para poner fin a la impunidad en Guatemala, le rodea una seguridad similar a la de un presidente en una oficina sin siquiera letrero.

¿La detención de Pinochet, ocurrida a raíz de su denuncia, fue un escalón en el camino para crear la Corte Penal Internacional?

Al término de la Guerra Fría, hubo como una luna de miel, sin grandes conflictos hasta el 11 de septiembre del 2001. Pero en esa década de los noventa, con Clinton, Gorbachov y Blair en el poder, se crea la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, el de Ruanda... Y llega la detención de Pinochet, que no hubiera prosperado en la década de 1980 ni en 2000. Chile, que era el paradigma de la impunidad, es hoy en día el de la justicia. La impunidad se revirtió completamente, sin ningún derramamiento de sangre, y mediante una iniciativa civil y civilizada que nunca apoyó ningún Gobierno. Ahora, a ese proceso lo llamamos Justicia Transicional, una rama nueva del Derecho Internacional. Hace 20 años, ese triángulo hoy tan obvio de verdad, justicia y reparación era inaudito.

¿En la construcción de la justicia global, qué representa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

Es una solución a la carta. Un país pide ayuda a la comunidad internacional porque está desbordado por la criminalidad. La cooperación técnica ya no sirve: se han gastado unos 1.000 millones de dólares en 20 años con poco resultado.

Pero la CICIG no es un tribunal internacional.

No, la comisión no llega a ser un tribunal internacional. Es una fiscalía internacional que litiga ante los tribunales nacionales con cuatro atribuciones: la asistencia técnica, la propuesta de reforma legislativa, el ejercicio de acciones disciplinarias y el ejercicio de acciones penales ante los tribunales locales.

'En Guatemala asesinan a 30 mujeres por cada una en España'

¿Qué tareas llevan a cabo en concreto?

En materia de asistencia técnica, no damos cursillos en hoteles de 5 estrellas. Bajamos a la arena, vamos a las comisarías y fiscalías a preguntar qué necesitan. En Guatemala no había escuchas telefónicas ni un sistema de protección de testigos. Hemos introducido la declaración de testigos y expertos mediante videoconferencia y normas para una colaboración eficaz, como la Ley de Arrepentidos. También hemos ayudado a depurar a nuestras contrapartes. En la Policía, se despidió a 1.700 agentes en 2008, incluidos el director, el subdirector y 50 comisarios. El año pasado fue destituido el fiscal general y los diez principales fiscales. A pesar de las resistencias y tensiones, el nivel de aceptación de la CICIG es del 85%.

¿Cuál es el gran cambio en Guatemala?

No son los grandes nombres de la política o la economía, sino el combate la impunidad. Un ejemplo es la reciente operación para detener a los asesinos del abogado Rodrigo Rosenberg. En ella, 260 policías y fiscales detienen a diez personas en cuatro lugares distintos, en cinco minutos y sin una sola fuga de información.

Pero las grandes redes del crimen organizado son regionales, y la respuesta institucional es aún frágil y nacional.

Centroamérica tiene varios condicionantes: primero, como resultado de las guerras civiles, las instituciones son muy frágiles y están desconectadas de la sociedad. Además, la región es un paso natural para el tráfico de sur a norte, desde Colombia hasta Estados Unidos. Pero, sobre todo, es como un paraíso para el crimen organizado transnacional, porque tiene todos los servicios del primer mundo redes hoteleras, bancarias, de inversión o de telecomunicaciones muy desarrolladas, frente a unas policías o jueces del tercer mundo.

'Ante la violencia de género, es precisa una Convención Internacional'

Es conocido el feminicidio de Ciudad Juárez, pero no se conoce tanto el dato de que en Guatemala hay más mujeres asesinadas.

En Guatemala asesinan a 30 mujeres por cada una que matan en España. De 1.986 casos denunciados en los últimos tres años, sólo hay 45 condenas. Un tercio de las mujeres que mueren lo hacen a manos de alguien de su entorno, y dos tercios con el ensañamiento de las redes del tráfico. Pero la diferencia en lugares como Guatemala o Ciudad Juárez con respecto a España no es el crimen en sí mismo, es la impunidad. Hay que proponer una Convención Internacional frente a la Violencia de Género para perseguir delitos que son transnacionales.

El crimen organizado se globaliza, pero no se regionaliza la justicia.

La colaboración regional entre las policías o fiscalías es muy difícil. Ayudaría mucho un marco penal regional para extradiciones o delitos como el tráfico de personas. O bien desarrollar regionalmente las convenciones de la ONU relativas a la corrupción, el crimen organizado o el lavado de dinero. Incluso, se podría alentar un mecanismo regional como el nuestro, de tipo multilateral, que es más aceptado que la cooperación bilateral de expertos.