España es uno de los países europeos que no ha hecho los deberes en materia de tráfico de drogas al no informar correctamente de la transposición de una norma de 2004 que armonizaba los mínimos europeos para las penas aplicables a estos delitos, según un informe de la Comisión Europea (CE).

España, Chipre, Grecia, Malta, Italia y Reino Unido "no han informado a la CE o lo han hecho de forma incorrecta" sobre sus reformas nacionales para adaptarse a la norma, señala el texto de la Comisión Europea.

La decisión marco establecía que las penas para tráfico de drogas debían variar de un año de cárcel como mínimo para las infracciones menos graves a hasta diez años para las más graves.

Esta decisión formaba parte de un conjunto de medidas a cinco años vista por el que los Estados miembros unían esfuerzos para la lucha contra el tráfico de drogas, una cuestión eminentemente transfronteriza.

Los otros veintiún Estados miembros que sí han informado a la CE correctamente también han mostrado algunas deficiencias en la aplicación, como ciertas ambigüedades en las normativas nacionales.

El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, afirmó en un comunicado que la implementación de la normativa "ha ayudado a establecer un primer paso común", pero reconoció que "un avance significativo debe llevarse a cabo todavía".

Así, "el verdadero progreso en este área ha disminuido en particular por la falta de respuesta de los Estados miembros", añadió.

El plan de acción contra la droga está ahora en su edición 2009-2012 y tiene como principal objetivo "luchar contra la oferta", un fin para el que es necesaria la coordinación entre Estados miembros, dado que en cada operación de tráfico de estupefacientes se suelen ver implicados varios Estados a la vez.