Este martes ha tenido lugar la primera reunión entre sindicatos y la dirección de Coca-Cola Iberian Partners para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa formalizó el pasado miércoles y que contempla el despido de 750 trabajadores, la recolocación de otros 500 y el cierre de las plantas embotelladoras de Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y palma de Mallorca, afectando a 1.250 empleados, un 30% de la plantilla.

Sin embargo, antes de ese encuentro, el sindicato CCOO había presentado una denuncia ante la Dirección General de Empleo y la Inspección de Trabajo para el ERE sea declarado nulo, ya que 'no se ajusta a derecho', ha afirmado a Público Vicente Canet, representante de la Federación Agroalimentaria del sindicato.

A juicio de esta organización, la compañía resultante del proceso de integración de las siete embotelladoras españolas y la portuguesa, Coca-Cola Iberian Partners, 'no consolida como un grupo laboral' según la documentación entregada por la propia empresa. Coca-Cola Iberian Partners puede ser un grupo mercantil, pero a efectos laborales no puede despedir a los trabajadores de las embotelladoras, ya que aún son empresas independientes y no hay 'confusión de plantillas', afirma Canet. Es decir, que 'ahora mismo, un trabajador de una planta de Casbega (embotelladora que opera en el centro del país) no puede irse a trabajar a otra de Cobega (empresa que trabaja en Catalunya)', puntualiza.

'Hay unidad (entre las empresas embotelladoras de Coca-Cola) de planificación, económica, de dirección, de facturación, pero Iberian Parters de momento tiene no más de 10 empleados, por lo que no puede despedir a nadie', sentencia.

Fuentes del embotellador único ha asegurado a Público que este proceso de integración 'se ha abordado desde la absoluta legalidad' y que 'no hay dudas' de que consolida como grupo laboral. No obstante, la autoridad competente dirá si existe o no ilegalidad.

El encuentro de este lunes entre sindicatos y dirección ha terminado sin acuerdo, como suele ocurrir en esto casos. Los representantes de los trabajadores siguen insistiendo en el 'sin sentido' que supone este despido colectivo 'sin justificación, sólo pensando en aumentar los beneficios de los socios constituyentes de Coca-Cola Iberian Partners', afirma UGT. Por esa razón tanto UGT como CCOO y USO han exigido que se retire el ERE 'para continuar con el proceso de negociación', han dicho fuentes sindicales.

'Todas la empresas por sí solas son viables. Facturan 3.000 millones al año y han tenido 900 de beneficios' Desde UGT también anuncian que impugnarán el expediente 'si la empresa no acredita su legitimidad para presentarlo', como ha hecho ya CCOO. 'Si los despidos son consecuencia de esta reestructuración hay que dejar claro que todas las empresas por sí solas son viables. Facturan 3.000 millones de euros al año y han tenido 900 de beneficios', critica Canet.

Desde la empresa han aducido causas organizativas para el ajuste, nunca económicas. Se trata de eliminar duplicidades una vez que las siete empresas sean una sola. 'Si la fusión conlleva duplicidades, queremos analizarlo y negociarlo. Si tienen que eliminarse puestos se puede hacer con prejubilaciones u otras fórmulas, pero no con cierres y despidos forzosos', añade el sindicalista.

El cierre de la planta de Fuenlabrada ha sido una de las mayores sorpresas de este proceso de reorganización que la multinacional estadounidense ha sugerido a los dueños de las concesionarias española.

Según los sindicatos, afecta a unos 800 trabajadores directo y a más de mil indirectos. No entienden que esta planta 'modélica' en su organización y productividad vaya a desaparecer y sospechan que puede deberse a que son los trabajadores 'más caros' para la empresa.

Para expresar su rechazo a la medida, los empleados están secundando el calendario de movilizaciones a nivel general, han convocado una huelga indefinida a partir del próximo viernes en todos los centros de trabajo de la zona centro (Casbega) y este domingo realizarán una marcha a pie desde la planta hasta la Puerta del Sol de Madrid, unos 20 kilómetros de distancia.

Como anunció CCOO, 'habrá conflicto, y duro', pero la empresa tiene una sólida base jurídica a la que agarrarse tras la última reforma laboral.