Crear una red pública de salas de cine donde se proyecten películas en versión original, preferiblemente europeas y en catalán. Esta es otra de las novedades que incluye la Ley de Cine impulsada por la Generalitat, que persigue que la mitad de las películas dobladas o subtituladas lo sean en catalán.

También se prevé la creación de un fondo destinado a las salas privadas para fomentar el cine producido en Catalunya. La ley, en fase de redacción, busca conseguir el máximo consenso entre todos los sectores implicados. El secretario de Cultura, Eduard Voltes, explicó ayer a Público que en 15 días el conseller, Joan Manuel Tresserras, se reunirá con las majors norteamericanas, sobre el papel reticentes a la norma.

"Esto no es una guerra, planteamos esta ley para que la gente pueda elegir lo que quiere ver. Quién afirma que el cine en catalán hará perder espectadores, supone demasiado", declaró.Voltes también subrayó que en un principio la ley no prevé que la Generalitat asuma los costes del doblaje ya que el proyecto apuesta por la versión original.

Negociación complicada

"Que un país como España tenga que traducir las películas a tres o cuatro lenguas haría el negocio ingobernable y antieconómico", sentenció Luis Hernández de Carlos, presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE). Esta federación que representa el 90% de la distribución española y agrupa a los representantes españoles de las principales majors se opone frontalmente a la Ley de Cine catalana.

Para el presidente de Filmax, Julio Fernández, la acción de la Generalitat es inoportuna y "crea incertidumbre en un sector afectado por la crisis, la piratería y la revolución tecnológica".

El Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya avisó ayer de que la demanda de películas en catalán es inferior al 50% ya que una misma película la ven el 78,2% en castellano y el 21,8% en catalán.