Primero contra las VTC, después contra Uber y Cabify, ahora contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La protesta del sector del taxi contra la liberalización de un mercado operado por autónomos y pymes va subiendo por la escalera del capitalismo, encontrándose en cada escalón con nuevos actores que presionan para llevarse parte del pastel que hasta ahora se reparten entre "privilegiados".

Este martes cientos de taxistas, según los organizadores, se han dado cita frente a la sede de la CNMC en Madrid, para criticar que apoye las "prácticas ilegales de vehículos VTC". Los conductores censuran a Competencia que defienda los intereses de Uber, Cabify y Unauto (la patronal que agrupa a las empresas del sector) en el pleito que interpuso contra la regulación de las VTC que el Gobierno promulgó en 2015. Dicha normativa, impulsada por el Ministerio de Fomento, prohibía a los vehículos que usan una licencia VTC captar clientes en la calle y llamaba a las administraciones competentes a mantener un ratio de concesión de treinta licencias de taxi por cada una de VTC, el ya famoso 1/30.

El recurso de la CNMC, presentado primero ante la Audiencia Nacional, pasó en julio al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dirime ahora el alegato del organismo, que argumenta que las barreras a las VTC impuestas por Fomento "reducen la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y, en definitiva, al bienestar general". A su recurso se unieron Uber, Cabify y Unauto, mientras que las asociaciones de taxistas y administraciones públicas como la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de Madrid se personaron en apoyo del Ministerio de Fomento.

Para los taxistas, la CNMC actúa como "ariete de la privatización de la movilidad a favor de multinacionales como Uber" y piden la dimisión de su presidente, José María Marín Quemada. "Pretenden desmantelar el sector del taxi", han acusado este martes, "favoreciendo la especulación con las licencias VTC". Una especulación que sigue hinchando una burbuja que podría explotar si el Supremo da la razón a Fomento, las administraciones y los taxistas.

60.000 euros por VTC

Las licencias VTC no son de nueva creación. Al contrario, se trata de las autorizaciones de transporte que han utilizado tradicionalmente las limusinas, los vehículos privados de hoteles y otros traslados considerados VIP. Dada su regulación e idiosincrasia, no competían con el taxi, considerado un "transporte público" por la administración y regulado como tal en tarifas y servicios. Sin embargo, el valor en el mercado de las VTC se ha multiplicado desde la irrupción de empresas como Uber y Cabify.

Ahora una licencia VTC no solo sirve para ofrecer un servicio VIP, sino que puede optar al mismo mercado que el taxi gracias a aplicaciones móviles al alcance de casi cualquier usuario, pero con una carga reguladora mucho menor. Resultado: los precios de las VTC se han disparado y llegan ya a los 60.000 euros. Pese a que la concesión de nuevas VTC está parada hasta la decisión del Supremo, los principales empresarios del sector supieron ver un vacío legal para solicitarlas a miles, solicitudes que ahora están siendo concedidas por los tribunales. De las 7.000 VTC que operan en España, más de la mitad se han concedido vía judicial.

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Estos empresarios utilizan un sencillo truco para saltarse la norma que impide el traspaso de VTC: se adjunta la licencia a una sociedad mercantil, y se traspasa la sociedad entera. Como ya demostró Público, entre estos empresarios se encuentra el principal actor del sector, Juan Ortigüela. En el tiempo que duró ese vacío legal solicitó miles de licencias en Madrid y Barcelona. Es imposible saber cuantas, pero la cifra llegaría a 2.000 en la capital y otras 1.000 en la ciudad condal, según varios medios. En verano Ortigüela no ha cesado el comercio de VTC, traspasando a particulares hasta siete sociedades que llevaban aparejadas estas licencias. 

En todas las ventas Ortigüela ha seguido el modus operandi que utiliza desde 2016: usa una sociedad a la que asigna un nombre que no da lugar a equívoco, la traspasa, y el nuevo administrador le cambia el nombre. Así, el registro mercantil muestra que desde julio ha dejado su puesto en VTC PI Andalucía 59, que ha pasado a denominarse Mancrismol 2017 SL; en VTC PI Andalucía 79, ahora Alhambra Byr Granada; en VTC PI Andalucía 96, ahora Sevilla Incoming Inside SL; en VTC PI Andalucía 87, renombrada a Periana car driver SL; en VTC PI Andalucía 69, ahora VTC Valle-Niza SL; en VTC PI Andalucía 64, llamada ahora Costa del Sol business transfers SL; y en VTC PI Cantabria 17, renombrada a Caryvan Cantabria SL por su nuevo administrador.