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La CAM prestó 200 millones a la Generalitat dos días antes de su caída

Renegoció un crédito con el Gobierno que todavía dirigía Camps

VIRGINIA ZAFRA

El destino de las cajas está irremediablemente unido al de sus gobiernos regionales y sus ayuntamientos de cabecera en la mayoría de los casos. Y da igual lo que pase con la caja, lo que importa son las finanzas de la comunidad. Al menos así ha pasado en el País Valencià. La Caja Mediterráneo (CAM) arrastraba desde hace más de un año una situación financiera más que delicada y se había salvado de la intervención porque acordó una fusión con Cajastur, Extremadura y Cantabria (que finalmente se rompió). Eso no fue impedimento para que el año pasado duplicara sus créditos a la Generalitat (el Parlamento regional nombra al 25% de sus consejeros) y los elevara de 224 millones de euros a 505 millones.

El FROB entregó una ayuda de 2.800 millones el pasado jueves

Pero quizá lo más grave es que hace 20 días, en uno de los últimos servicios de Francisco Camps al frente de la Generalitat acordó entregarleo más bien refinanciarle un crédito que le vencía ahora de 200 millones y que la Generalitat no podía devolver porque su situación financiera no se lo permitía. Ese pacto se firmó hace tres semanas, pero se entregó el miércoles pasado, sólo un día antes de que el Banco de España le entregara a la CAM la carta en la que le conminaba a presentar un plan para recapitalizarse o si no debía ser intervenida.

La caja, un día después de esa misiva y dos días después de haber entregado el préstamo millonario, reconoció que no tenía salida para elevar su solvencia y solicitó ser intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que le ha entregado una ayuda de 2.800 millones y le ha abierto una línea de liquidez, ante sus dificultades para conseguirla, de 3.000 millones.

Después de financiar sin problemas a la Generalitat, que pagará un tipo de interés del 4,75% anual en estos tres meses, es decir dos millones de euros, los clientes particulares tendrán ahora más dificultad para acceder a sus préstamos. Los interventores han obligado a revisar todas las operaciones de préstamo que están en marcha, con lo que varias se caerán.

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