'Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi pone a su alcance'. Esta era la promesa con la que, en 1991, esa constructora anunciaba la venta de 144 chalés adosados en un lugar de ensueño en Arnuero (Cantabria). La urbanización idílica pronto se convirtió, sin embargo, en paradigma del desaguisado urbanístico en esta comunidad. Hace ya 15 años, un juez emitió la primera orden de derribo al considerar ilegal la construcción. Sin embargo, hubo que esperar hasta ayer para que las excavadoras llegaran y derruyeran 42 chalés a medio construir. Curiosamente, las máquinas eran de Cenavi. El Encinar, como se conoce a esta urbanización de Arnuero, es sólo la punta del iceberg de las irregularidades urbanísticas que han salpicado de cemento Cantabria durante casi dos décadas. Durante este tiempo, los tribunales han anulado planes generales de ordenación urbana en una decena de municipios y dictado una veintena de sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan demoler cerca de un millar de viviendas con unas 4.000 personas afectadas, dos polideportivos, tres naves industriales e incluso una depuradora, obra del último Gobierno de José María Aznar.

Estas son las cifras que reflejan el alcance de la problemática urbanística en Cantabria. Cada una de las promociones pendientes de derribo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría comparten un nexo: se construyeron bajo el amparo de sus ayuntamientos, que modificaban los planes urbanísticos a su antojo, y a la postre, acababan en los tribunales a raíz de las denuncias de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).

La primera urbanización en caer, aunque sea parcialmente, ha sido la de Arnuero. Algunos de sus vecinos, arremolinados ayer en torno a las excavadoras con pancartas pidiendo justicia, firmaron las escrituras de compra en 1992. A los dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitía la primera orden de demolición ratificada por el Supremo en 2000, al estimar que las casas se habían construido sobre un encinar sin condiciones legales para urbanizarlo, merced a un Plan de Ordenación Urbana 'ilegal' avalado por el Gobierno cántabro y las licencias municipales.

A este escándalo le han seguido otros en Argoños, Comillas, Suances, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ramales o Piélagos. Este ayuntamiento ha sido el último en recibir un varapalo judicial por avalar con un plan parcial la erosión de una montaña para construir 398 casas. En marzo, el juez ordenó su derribo.

Por su parte, los más de 4.000 afectados que integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevan años de protestas. Exigen al Gobierno cántabro que haga 'borrón y cuenta nueva', es decir, que legalice todas las urbanizaciones o, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar. Ayer mismo, mientras las excavadoras derribaban los 42 chalés en El Encinar, uno de los vecinos que habita uno de los otros 102 pendientes de tirar, Emilio Bocanegra, lamentaba que la respuesta del Gobierno cántabro fuera 'derribar y derribar'.

ARCA rechaza que la administración pueda dar ahora cobertura legal al millar de casas sobre las que pesa una orden de demolición. Está a favor de las indemnizaciones a los afectados y también de compensaciones urbanísticas, como la entrega de otras viviendas. Pero apela a que para acabar con el clima de impunidad que ha habido en Cantabria con las construcciones irregulares hay que cumplir ya las sentencias.

Su última acción se ha centrado en Argoños, el municipio que acumula más sentencias de demolición diez contra otras tantas urbanizaciones, con más de 150 casas implicadas. ARCA ha recurrido allí el nuevo plan de ordenación urbana aprobado por el Ayuntamiento con la complicidad del Gobierno cántabro. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio en marzo un plazo de 15 días a su alcalde, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas, y ordenó a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación. Según el juez, la oposición del alcalde al derribo era 'evidente'.

Otro reto para este grupo ecologista es parar la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo regional, que permitiría construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Los ecologistas no rechazan ese desarrollo, sino que quede en manos de los consistorios: 'Con lo que aquí ha llovido, la planificación debería estar bien definida por un plan riguroso y no quedar en manos de los alcaldes'. Los ecologistas tampoco están conformes con que los ayuntamientos puedan tener potestad para convertir antiguas cabañas de ganado en casas.

La otra cara de la especulación urbanística en Cantabria se vivió ayer en Ajo. Mientras las excavadoras derribaban parte de El Encinar, otra tiraba la humilde casa-bar donde Domingo Herrero, Mingo, vivía desde hace 30 años. Decidió ampliarla en 2002 tras recibir la autorización del entonces consejero de Urbanismo y hoy presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y del Ayuntamiento. El caso acabó en los tribunales por iniciativa de un ex edil del partido de Revilla, y Mingo, en la calle. 'No sé qué será de mi vida', se lamentaba. Sus amigos le han dejado una caravana.

Minería
Una explotación ilegal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero la clausura de la actividad minera desarrollada por Minero Siderúrgica de Ponferrada en El Feixolín (León). Además, la sentencia obligó a restituir el daño ambiental causado y a abrir procedimientos sancionadores. La mina lleva funcionando desde hace 15 años, y a día de hoy no se ha cumplido la sentencia.

Campo de golf
Terminado pero sin licencia
La Junta de Castilla-La Mancha publicó en enero la resolución que declaró inviable ambientalmente
el campo de golf de Torrenueva (Ciudad Real), ya construido. No cabe recurso y el campo de golf deberá desaparecer para “restaurar la totalidad de los terrenos afectados”, un total de 48,39 hectáreas.

Hotel Algarrobico
A la espera de sentencia
El hotel El Algarrobico se levanta a medio construir por la promotora Azata del Sol en la costa almeriense. La Fiscalía de Almería investiga si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente considera que finalmente el hotel se derribará, pero espera a la sentencia judicial que determine si la promotora tiene derecho a indemnización o no.