Más impuestos y un trabajo más barato. Según la Comisión Europea, son las dos nuevas medidas que debe tomar el Gobierno para impulsar la competitividad de la economía española y sanear las cuentas públicas. Las recomendaciones forman parte de una batería de documentos presentada este martes por el Ejecutivo comunitario en el que pide a los 27 Gobiernos nuevas medidas que aceleren la salida de la crisis.

Entre las propuestas—rechazadas por la vicepresidenta economómica española, Elena Salgado, que aboga en cambio por dinamizar el consumo y la demanda interna en el país—, está rebajar las cotizaciones sociales para favorecer la competitividad con el resto de los países de la zona euro, algo imprescindible para recuperar el terreno perdido desde la entrada en la moneda única. Según Bruselas, la reforma de la negociación colectiva, que el viernes presentará el Gobierno tras el fracaso de los contactos entre sindicatos y empresarios, es fundamental para 'garantizar que el crecimiento de los salarios refleje mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones a nivel local y de la empresa'.

La Comisión pide subir los 'bajos impuestos indirectos', como el IVA Para compensarlas, la Comisión pide subir los 'bajos impuestos indirectos', como el IVA y los 'bajos impuestos sobre los productos derivados del petróleo' y la energía. En líneas generales, el Ejecutivo comunitario apoya las medidas tomadas por el Gobierno desde que comenzó la crisis, aunque el impacto de muchas de ellas, como la reforma laboral o la Ley de Economía Sostenible, es todavía difícil de medir.

Sobre las que están pendientes, Bruselas destaca la reestructuración del sector de las cajas de ahorro, donde según los funcionarios comunitarios no se ha logrado reducir el peso de las administraciones locales en los órganos de decisión. La Comisión confía en las medidas tomadas por el Gobierno, pero le pide que implique a las comunidades autónomas en el esfuerzo, ya que de ellas depende gran parte del control del déficit. En este sentido, Bruselas considera que la desviación de algunas comunidades, como Cataluña, 'un riesgo añadido' para el objetivo global de déficit y pide al Gobierno que cree un techo de gasto autonómico.

Además, la Comisión emplaza al Gobierno a completar la revisión de los colegios profesionales, una barrera a la libre competencia que lima la contribución del sector al crecimiento de la economía.