La Unión Europea (UE) no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF , controlada por la española Repsol. Mientras, el Gobierno argentino ha demorado el anuncio de su decisión sobre el futuro de la petrolera en medio de una intensa ofensiva del Ejecutivo español, arropado por Bruselas.

'La UE no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina', indicaron fuentes de la Comisión Europea. Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existen instrumentos legales.

Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina. 'Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT', señalaron.

'Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE'Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, la CE propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

En concreto, esa normativa introducirá un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión cuando uno de los Veintisiete se enfrente a 'medidas inconsistentes' por parte del país con el que tenga firmado el BIT.

El Estado miembro podría informar a la Comisión y, de forma conjunta, colaborar y poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar una 'defensa eficaz' de las inversiones europeas, que podrían incluir la participación del Ejecutivo comunitario en el procedimiento, explicaron las fuentes.

Ningún alto funcionario argentino se refirió hoy al conflicto con YPF ni respondió a las contundentes advertencias de Madrid y Bruselas. 'Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará', advirtió hoy la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Gobierno convocara al embajador argentino, Carlos Bettini, por la acometida de Cristina Fernández contra YPF.

La estrategia del Gobierno español se tradujo en Buenos Aires en una intensa actividad diplomática del nuevo embajador, Román Oyarzún, que ha acompañado durante la última semana al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se ha reunido con empresarios españoles y con embajadores europeos.

Según medios argentinos, Fernández podría hacer un anuncio sobre YPF la próxima semana

Medios afines al Gobierno de Fernández adelantaron hoy que la presidenta podría hacer un anuncio sobre el futuro de la petrolera la próxima semana, a su regreso de Cartagena de Indias (Colombia) donde participará en la Cumbre de las Américas.

Pero, para tomar la decisión final, Fernández tendrá que vencer las resistencias internas planteadas por algunos de los gobernadores de las provincias petroleras que, según empresarios del sector, aspiran a una mayor participación en los beneficios del petróleo y a influir en la gestión de la compañía en caso de nacionalización.

La única declaración sobre el asunto colgada hoy en la página del Gobierno argentino en internet es un comentario del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no menciona a la petrolera pero insiste en que el objetivo es 'lograr el autoabastecimiento de petróleo'.

Según el ministro, en la reunión que mantuvo anoche Fernández con los gobernadores de las provincias petroleras 'analizamos cada una de las concesiones', y cuando las empresas no cumplen con sus contratos 'se revierten las áreas, como ocurrió hasta ahora'.

Analistas consultados por Efe no dudan de que el gobierno argentino aspira a tomar el control de la petrolera, pero admiten que hay varias vías para lograrlo, desde la negociación con los accionistas -Repsol (57,43 por ciento) y la familia argentina Ezkenazi (25,46)-, hasta la tramitación parlamentaria de una ley que declare a la empresa de interés publico.

Mientras Cristina Fernández toma una decisión sobre YPF tras cuatro meses de acoso que han hecho perder a la compañía alrededor del 30% de su valoración bursátil, los empresarios extranjeros con intereses en Argentina siguen con atención el proceso y se tientan los bolsillos.La política proteccionista argentina ha levantado quejas entre sus socios en Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y de algunos asociados, como Chile.

Además, la UE y otros trece países, entre ellos México y Estados Unidos, presentaron el pasado 30 de marzo ante la Organización Mundial del Comercio una declaración conjunta en la que manifiestan su 'gran preocupación' por las restricciones al comercio impuestas por Argentina desde 2008.