El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, calificó el martes de inexplicables los paros registrados por el llamado "caso Mariluz" en los juzgados españoles, y denunció el "corporativismo desmedido" que en su opinión está detrás de una "huelga encubierta".

Los secretarios judiciales pidieron la dimisión de Bermejo tras realizar un paro de tres horas, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, para protestar por las sanciones impuestas a una compañera por el llamado "caso Mariluz", así como para exigir una modernización de la Justicia.

Por su parte, los jueces, que han criticado las "injerencias" del Gobierno y la falta de medios en la Justicia, convocaron a esa misma hora juntas en las que suscribieron un acuerdo de los jueces decanos españoles en el que se defendía la independencia judicial y se denunciaba la abrumadora carga de trabajo de los juzgados.

Los paros responden a la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que se aplicó a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no tramitó adecuadamente la ejecución de una condena por pederastia a Santiago de Valle, acusado de la muerte de la pequeña Mariluz Cortés.

Este colectivo atribuye a un sistema judicial obsoleto los errores judiciales que provocaron que el presunto asesino de la niña onubense de 5 años estuviera en libertad, pese a las dos condenas por pederastia que tenía, una de ellas contra su propia hija.

Para evitar que casos como éste se repitan y que se tome como "cabeza de turco" a personas como la secretaria sancionada, los secretarios exigieron el desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial y una reforma de las leyes procesales.

Por el mismo "caso Mariluz", la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ordenar que se ejecutara la sentencia contra Del Valle.

Las críticas vertidas desde el Ejecutivo a la multa, que ahora podría ser modificada por el CGPJ, provocaron la movilización de los jueces, que consideran que lo que pretende el Gobierno es ocultar la responsabilidad del poder político en la falta de medios de la Justicia.

"Obviamente lo que parece pretender es presionar al Consejo General del Poder Judicial para que no cambie la sanción. Hemos dicho que la sanción ... nos pareció escasa. Tenemos el legítimo derecho a decir eso y no parece razonable que la respuesta sea una huelga encubierta", dijo Bermejo el martes a los periodistas.

"Si alguien pretende ser intocable no lo va a conseguir", añadió.