El Gobierno italiano ha preparado un borrador de un decreto ley para impedir que se suspenda la nutrición e hidratación artificial de Eluana Englaro, una joven que lleva 17 años en estado vegetativo, como desea la familia.

Sin embargo, no se ha decidido todavía si el procedimiento de urgencia será presentado al Consejo de Ministros del viernes, según una fuente de Palazzo Chigi, sede del primer ministro italiano.

"El borrador está preparado", indicó la fuente. Para ser remitido al Consejo, el decreto debería recibir el visto bueno del jefe del Estado, el presidente de la República, Giorgio Napolitano.

Al mismo tiempo, la fiscalía de Udine ha iniciado una investigación sobre el caso de la joven, que está ingresada en un centro médico de esta región del noroeste del país desde hace un par de días, en un caso que ha desatado una áspera polémica.

"La fiscalía de la República de Udine está valorando atentamente las numerosas peticiones sobre el caso de Eluana Englaro. Se le han delegado a la policía judicial las investigaciones oportunas", informó en una nota.

Este caso, en el que han intervenido muchos políticos e incluso la Iglesia, divide a aquellos favorables a que se acabe el tratamiento que la mantiene con vida y a los que se oponen a su muerte. Su padre, Beppino Englaro, asegura que defiende la voluntad de su hija de morir si se encontrase en tales circunstancias.

El miércoles por la tarde, el primer ministro, Silvio Berlusconi, afirmó que el Ejecutivo estaba trabajando para intervenir en el caso, una hipótesis "rechazada" por la ministra del Ambiente, Stefania Prestigiacomo, que manifestó en unas declaraciones publicadas el jueves en el Corriere della Sera que "no creo que el Gobierno deba intervenir".

El martes la mujer dejó la clínica di Lecco en la que se encontraba desde hace varios años para ser traslada a la clínica "La Quiete" de Udine, de la que el ministro de la Salud, Maurizio Sacconi, dijo el miércoles que habría que valorar su idoneidad.

A mediados de enero, el consejo de administración de otra clínica de Udine decidió no acogerla después de la amenaza del ministro Sacconi de iniciar procedimientos contra el centro médico que se prestase a lo que para la Iglesia católica es un acto de eutanasia.