'Estoy muy contento por haber podido declarar y aportar las pruebas que demuestran mi inocencia. Muchísimas gracias'. El senador por Cantabria y tesorero del PP, Luis Bárcenas, se ciñó a esta breve declaración al salir del Tribunal Supremo. Con las 'pruebas' se refería a la docena de carpetillas con documentos que entregó ayer al instructor del caso Gürtel en el Alto Tribunal, Francisco Monterde, ante el que declaró durante unas dos horas y media para negar haber cobrado de las empresas de Francisco Correa.

Bárcenas, que se definió como 'absolutamente tranquilo' a su llegada al tribunal, dio muestras de que había asumido su papel de 'imputado provisional' en la trama de corrupción vinculada al PP y no dudó en levantar los brazos para que la Policía comprobara que no llevaba nada cuando, al pasar por el arco de seguridad, hizo saltar la alarma.

Fuentes del PP aseguraron que el senador explicó que él nunca había recibido dinero de la trama. Negó ser la persona indentificada en la contabilidad B intervenida a la red corrupta como 'L. B.' o 'Luis el cabrón'. Su argumento consistió en que hay otras personas relacionadas con las diligencias que también responden por esas mismas siglas. No dijo que fuera Lucas Bagchus, consejero delegado de una sociedad de fondos de inversión, pero lo mencionó como ejemplo de la circunstancia que alegaba.

Señaló que sólo cuando se trata de los pagos que hizo por viajes particulares a una de las empresas del entramado, Pasadena Viajes, se le identifica como 'L. Bárcenas' o 'L. Barc'. En los cobros es, según su versión, 'L. B'. Por eso sostiene que se trata de dos personas distintas.

En cuanto a los testimonios que lo relacionan directamente con la red de Correa, Bárcenas negó conocerlos. Ni a José Luis Izquierdo, el contable del grupo, ni a Felisa Isabel Jordán, ex administradora de una de las empresas de la trama. Ambos le señalaron como la persona identificada como 'L. B.' o 'Luis el cabrón'.

El fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos interrogó al tesorero de PP en relación a los movimientos descubiertos en los años 2002, 2003 y 2007, y no por los anteriores, que se remontan incluso a 1996 y han prescrito, garantía que también es probable que se deba aplicar a la primera anualidad citada. El primer instructor del caso, Baltasar Garzón, cifró en 1.353.000 euros el dinero presuntamente recibido por Bárcenas de la trama investigada. En los tres años por los que se interesó el Ministerio Público las cantidades presuntamente recibidas ascienden a 1.047.193.

Las fuentes consultadas señalaron que Bárcenas fue elegido senador en 2004, y diferencian en dos periodos los tres años. Los dos primeros por los que se le preguntó se deberían a un delito fiscal, al no ser todavía ni funcionario ni autoridad, mientras que el pago de 2007, de 72.000 euros, sería el único que podría ser constitutivo de cohecho.

En su auto de asunción de competencia, el Supremo dijo haber encontrado indicios de delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública en la actuación de Bárcenas y del diputado Jesús Merino, que comparecerá hoy ante Monterde. El Supremo no ve aún indicios suficientes para investigar también un delito de blanqueo de capitales, a partir de la descripción que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando elevó el caso al Alto Tribunal de la presunta relación del senador con el entramado en el extranjero del grupo de Correa.

La mayoría de las preguntas se las hizo el fiscal de Sala, pero el instructor también le interrogó en relación con el préstamo de 330.000 euros que devolvió en billetes de 500 al cabo de un mes. Según fuentes del entorno de Bárcenas, a Francisco Monterde le ofreció la misma explicación que ya había hecho pública: que pensaba comprar obras de arte con ese préstamo, pero que la operación no fructificó.

El tesorero del PP, que fue asistido por los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero, justifica su patrimonio con su éxito en la Bolsa y en el sector inmobiliario. Y aportó declaraciones de Hacienda y de patrimonio.

Ahora tiene que esperar la decisión que adopte el instructor del caso. El auto de competencia advertía a Monterde de que 'tan pronto' como descubriera 'la existencia de indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a esta Sala a los efectos de la solicitud de suplicatorio'. La autorización de las Cámaras a las que pertenecen Bárcenas y Merino es imprescindible para poder investigarles e, incluso, para imputarles sin la coletilla de 'carácter provisional'.

Para decidir, el juez Monterde que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP debe comparar la documentación que le remitió el TSJM con las explicaciones que le ofreció ayer Bárcenas. El tesorero ha anunciado que dimitirá 'transitoriamente', en caso de que el Supremo inste al Senado el suplicatorio, que la Fiscalía ya ha pedido dos veces.