El Banco de España da un toque de atención al Gobierno sobre las pensiones, en un momento de debilidad económica y fragilidad de las cuentas pública. En su informe anual, difundido ayer, la entidad subraya que el envejecimiento de la población es uno de los más 'importantes retos' para el Ejecutivo, y advierte de que si no se adoptan 'pronto' nuevas reformas en la jubilación, la sostenibilidad de las finanzas públicas 'resultará cada vez más costosa y difícil'.

Tales reformas, según el informe del Banco de España, deberían aumentar 'el grado de contributividad' de las pensiones (la relación entre lo que se cotiza y la prestación que luego se recibe) y tendrían que fomentar el desarrollo de sistemas complementarios. No es la primera vez que la entidad apuesta por la reforma de las Seguridad Social, pero nunca antes había urgido tanto su puesta en marcha.

El informe, la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez repite, hasta en media docena de ocasiones, que el deterioro de la situación económica es 'más pronunciado' de lo inicialmente estimado. Por ello, insiste en que se deben acometer reformas estructurales en el mercado de trabajo, el sector energético, en los servicios, y en los alquileres, y alerta de que el empleo podría reducirse entre un medio y un punto porcentual en un año por la desaceleración inmobiliaria.

En el discurso de presentación del informe ante el Consejo de Gobierno del Banco de España, el gobernador resaltó las posibilidades de la economía nacional. Es consciente de que está atravesando un proceso de ajuste y de que durante un tiempo crecerá por debajo de su potencial (el 3%), pero está convencido de que tiene soportes suficientes para amortiguar el descenso de la actividad y abrir el camino de la recuperación.

Pero esas fortalezas no son suficientes por sí solas para sacar a la economía del bache y para asegurar su vuelta a un crecimiento sostenido. Por eso, el Banco de España mandó ayer numerosos recados y recomendaciones al Ejecutivo, a las empresas y a los agentes sociales.

Al Gobierno, le pidió que mantenga la estabilidad presupuestaria, que no aumente el gasto público con fines cortoplacistas y que no reduzca los impuestos. Para el mercado laboral, recomendó que se estimule la creación de empleo estable y que aumente los incentivos para encontrar un puesto de trabajo.

En este objetivo también tendrán que estar implicados los agentes sociales y las empresas, a los que reclamó la moderación salarial, que dejen de relacionar la subida salarial con la inflación y que ajusten sus márgenes y que introduzcan cambios en la negociación colectiva para que esté más ligada a la productividad y a la evolución de las compañías.

 Se debe acometer “pronto” una reforma de las jubilaciones que  facilite una mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones, y que fomente las pensiones privadas complementarias .

 La eliminación de algunas de las restricciones actuales en el mercado de alquiler (sobre todo en la duración de los contratos) serviría para atenuar la magnitud del ajuste en el sector inmobiliario.

 Se debería  modificar el sistema de revisión salarial basado en cláusulas de inflación, y tendría que  cambiar el marco de la negociación colectiva, para ligar los aumentos de sueldo a la productividad.

 Hay que aumentar el grado de competencia de los distintos sectores de la economía, mediante políticas de desregulación. Existe margen para profundizar en la liberalización del sector de la energía, para dar más competencia en el transporte y reducir las barreras en la distribución y el comercio.

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