Las universidades estarán sometidas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de tal forma que serán sancionadas por las comunidades autónomas si incumplen los límites de gasto y equilibrio financiero, tanto en la redacción como en la ejecución de sus cuentas.

En la enseñanza no universitaria, el aumento en un 20 por ciento de los máximos de alumnos por aula se mantendrá mientras que el límite estatal de la tasa de reposición de funcionarios docentes sea inferior al 50 por ciento de las vacantes.

Son medidas urgentes de "racionalización" del gasto educativo público de las comunidades recogidas en un Real Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que implica la modificación parcial de las leyes orgánicas de Educación y de Universidades.

Para ello, se articula una legislación básica estatal que ofrece a las comunidades la "máxima flexibilidad" en una serie de posibilidades para que actúen según sus necesidades de consolidación fiscal, manteniendo el "principio riguroso de la equidad", según ha asegurado hoy el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras el Consejo de Ministros.

El fin es que puedan bajar a la mitad el déficit público autonómico, fijado en 2012 en el 1,5 por ciento, ha señalado en conferencia de prensa.

Se trata de "ajustar el estado del bienestar a las posibilidades de sostenerlo económicamente", ha indicado.

"Ésta no es la reforma educativa del Gobierno (...), pero sí -ha querido precisar- la condición previa y necesaria para ella", que se presentará previsiblemente en esta primera parte de la legislatura.

Las medidas, que aplican desde el curso próximo, se guían por los criterios de salvaguardar al máximo la cobertura y calidad de servicio público y evitar que la condición socioeconómica sea un obstáculo para los alumnos con talento.

Sobre el número máximo de alumnos por aula en primaria y ESO, ha justificado que actualmente la mayoría de grupos tiene una cantidad de estudiantes "muy inferior" a lo autorizado.

Lo ha atribuido a circunstancias demográficas de entornos con escasez de niños y a la rigidez de sobrepasar mínimamente los límites, lo que obliga de desdobles en dos clases.

Se trata, pues, de "evitar una disfunción que tiene un coste económico muy elevado", tanto en los centros públicos como concertados.

La jornada lectiva del profesorado se fija en unos mínimos de cumplimiento obligatorio para todas las CCAA de 25 horas semanales en infantil y primaria y de 20 para el resto de enseñanzas.

Ahora, cada hora lectiva de más que tengan los docentes se compensará con otra menos de la obligación de permanencia en el centro en los dos tipos de centros, mientras que antes la relación era de una a tres.

Sobre las tasas universitarias, ha indicado que los alumnos pagaban el 14,8 por ciento del coste real de los grados y el 20 por ciento de los másteres.

En la conferencia sectorial de universidades de ayer "se acordó ampliar los márgenes en que cada comunidad pueda decidir" para que los precios públicos se aproximen al coste efectivo, "penalizando muy significativamente" las segundas y sucesivas matrículas.

El fin es diferenciar al repetidor del alumno que "aprovecha el tiempo".

Así, los grados y másteres para profesiones reguladas experimentarán desde el curso próximo una subida que cubra entre el 15 y el 25 por ciento del coste efectivo.

La segundas y sucesivas matrículas estarán entre el 30 y el 100 por ciento de todo el coste.

Los másteres no habilitantes tendrán una primera matrícula de entre el 40 y 60 por ciento, y la segunda puede subir hasta el 65-75 por ciento.

El coste medio real de un curso de grado de 60 créditos es de 6.300 millones de euros.

Los extranjeros no ciudadanos de la UE o no residentes en España tendrán que pagar el total de los estudios, salvo lo que digan los acuerdos con los países de origen.

En las becas generales universitarias, las CCAA aportarán la diferencia entre lo que suban las tasas y lo que cubran aquellas de la matrícula.

Para evitar que las universidades burlen las restricciones de oferta de empleo público, se les exige que desglosen el personal de nuevo ingreso en sus presupuestos y las comunidades tendrá que asegurarse de que se cumplen los límites de la oferta de empleo publico.

Para buscar la eficiencia de la oferta universitaria, el Estado dicta unos criterios básicos que desarrollarán las CCAA, en diálogo con las universidades, para fijar aspectos básicos de creación y mantenimiento de facultades y escuelas y fomentar la colaboración para ofrecer enseñanzas comunes.

Se trata de introducir mínimos de eficiencia para evitar titulaciones prácticamente sin demanda.