Las leyes medioambientales suelen caracterizarse por su buena voluntad y su falta de concreción. Y la primera ley de biodiversidad de la democracia, aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1989, no fue una excepción. La ley obligaba a las comunidades autónomas, por primera vez, a crear planes de recuperación para las especies más amenazadas, pero no establecía un plazo. Dos décadas después, es obvio que la mayor parte de las administraciones autonómicas no se tomó en serio la imposición.

Las comunidades todavían no han redactado ni aprobado 100 planes de recuperación de especies de aves consideradas en peligro de extinción, según denunció ayer la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). O lo que es lo mismo: 20 años después de que la ley los hiciera obligatorios, falta el 84% de los planes. Y algunas regiones, como Andalucía, gobernada por el PSOE, y Madrid, por el PP, ni siquiera han aprobado un solo plan.

La primera ley de biodiversidad fue, en este aspecto, un fracaso. Por eso, la segunda, impulsada en 2007 por la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fue más allá y dio un ultimátum a las autonomías: en diciembre de 2010, todos los planes tendrán que estar aprobados. Pero ni por esas. 'Este último plazo de gracia acaba en diciembre de 2010 y todavía ninguna comunidad autónoma ha aprobado ningún plan', critica el director ejecutivo de SEO/Birdlife, Alejandro Sánchez. Algunos casos son sorprendentes: Cantabria no tiene un plan para recuperar el urogallo cantábrico (quedan unos 500), ni Andalucía uno para su torillo andaluz.

Para el responsable del departamento de conservación de la ONG, Juan Carlos Atienza, lo más 'sangrante', además de los nulos avances en Madrid y Andalucía, es que Catalunya y Castilla y León ni siquiera han aprobado un catálogo regional de especies amenazadas, por lo que no pueden saber qué aves tienen que conservar. 'Las comunidades más ricas y de mayor tamaño son las más incumplidoras; La Rioja y Asturias, en cambio, tienen todos sus planes aprobados', explica Atienza.

A su juicio, aunque las competencias estén transferidas a las autonomías, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino debería intentar acelerar el proceso. 'Pero, ¿con qué autoridad moral va a llamar la atención a las comunidades la ministra Elena Espinosa si su departamento tampoco ha aprobado las estrategias nacionales de conservación de muchas aves?', se pregunta el ornitólogo.

El Ministerio, según SEO/Birdlife, tiene pendiente la aprobación de 11 estrategias, para especies con un estado tan precario como la cigüeña negra y la pardela mediterránea. Y las cuentas parecen buenas, ya que la organización ecologista es, precisamente, la entidad que elabora la Lista Roja de aves amenazadas para el propio Ministerio.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid aseveran que los seis planes de recuperación que tienen pendientes desde 1989 estarán listos 'en esta legislatura'. Además, aseguran que la inexistencia de estos programas no impide que se lleven a cabo medidas de conservación. Gracias a estas actuaciones, defienden, se ha conseguido duplicar la población de buitres negros en la región en poco más de un decenio, con 91 parejas.

En la misma línea, la mortalidad del águila imperial ibérica ha caído un 92% en Andalucía desde 1991, pese a que la Junta todavía no ha aprobado su plan de recuperación. Pero estas excusas no son suficientes para SEO/Birdlife, que llevará a los tribunales a todas las administraciones que no hayan aprobado sus planes de recuperación en diciembre de 2010.