"El aumento del paro es, en parte, consecuencia del ajuste presupuestario"
Ministro de Trabajo e Inmigración. Ayer dio el pistoletazo de salida a un plan para hacer emerger el empleo sumergido que centra su éxito en no mirar al pasado, sino al futuro
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez (Arroyo del Ojanco, Jaén, 1957), navega hoy entre dos penas. Por un lado, mañana será uno de los pocos Primero de Mayo en el que no asistirá a las manifestaciones porque "por tradición" en España los titulares del ramo no asisten a estas citas. Su pasado sindicalista (milita en UGT) se debate con su presente político y, cuando reconoce su ausencia a pie de pancarta, no puede esconder su tristeza. Además, ayer conoció, como responsable del mercado de trabajo, el peor dato de paro de la historia de España. La entrevista se hace la tarde anterior a conocer el dato de la EPA, pero se actualizó poco después del Consejo de Ministros por vía telefónica.
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¿Esperaba un dato así de malo en la tasa de paro?
"La población activa cae porque muchos inmigrantes están volviendo a su país"
Es un dato negativo que el Gobierno ya preveía por el comportamiento de la afiliación en enero y febrero. Es un dato que, aunque muy preocupante, es un dato pasado. Ahora, la economía española comenzará un proceso de creación de empleo, pero no sólo del estacional. Tenemos que pensar más en el futuro, en el reto de que los meses que vienen serán mucho mejores.
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¿Cómo explica el descenso de la población activa, especialmente en la Comunidad de Madrid?
La razón principal es el comportamiento de la población inmigrante. Hay un proceso de retorno, de abandono del país. Algunas zonas, donde la concentración de inmigrantes es mayor, han sufrido más este fenómeno, como Madrid.
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"No compensa la recaudación de las cuotas pasadas frente a lo que aflorará luego"
Los datos que maneja su Ministerio con el programa de retorno no justifican esta cifra.
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Hay dos tipos de retorno: el asistido, que es el que facilita el Estado, pero también hay una salida del país que no necesita de la asistencia pública. Ese proceso se está dando con fuerza entre los latinoamericanos, incluso entre los que ya tienen la nacionalidad española.
Aunque dice que ya preveían un dato de paro en línea con el que se ha conocido, el hecho de que se haya destruido más empleo en el primer trimestre del año de la recuperación que en el mismo de recesión de 2010 debe haber superado sus expectativas.
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Tenemos factores estacionales distintos, de calendario. La Semana Santa cayó en parte en el mes de marzo. Pero también es en parte efecto de la política de ajuste presupuestario que se ha realizado. Se ha notado por la reducción de la obra civil, que repercute en el sector de la construcción. Pero también se ha notado en la industria, aunque en este caso también en la vinculada al sector de la construcción.
En el plan para aflorar el empleo sumergido han retirado en el último momento la posibilidad de reconocer cotizaciones anteriores. ¿Por qué?
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Huimos del concepto de amnistía y vamos a un anuncio de un programa que endurece las sanciones. Gana así cierto equilibrio.
Pero los trabajadores se quedan entonces sin que se les reconozca ningún derecho pasado.
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Es una medida que piensa más en el futuro que en el pasado. Al final, no compensa en recaudación lo que se iba a reconocer en un periodo de seis meses a lo que va a florecer luego en cotizaciones, y además no se hacen distingos. Introducimos un efecto de estímulo por la vía de una sanción posterior importante.
¿Cuántos empleos pueden emerger?
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Tenemos un precedente de principios de los noventa, pero no hubo grandes logros en ese plan. Ahora estamos en una situación en la que cualquier añadido a la fuerza de trabajo declarada nunca sobra. No me atrevo a dar una cifra, ojalá que pudiéramos hacer emerger 100.000 o 150.000. Pero es un deseo, no un objetivo planteado.
Da la sensación de que este es un encargo personal del presidente.
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Él ha mostrado mucho interés pero nace del Pacto por el Euro.
¿Son suficientes los recursos de la Inspección de Trabajo para lo que se pretende?
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Seguimos aumentando la plantilla, pero no al ritmo del pasado, y tenemos que seguir incrementándola. La Inspección necesita más medios. Lo que haremos será tratar de alterar la programación para este año, dando más prioridad a las actuaciones de la economía irregular y dejando en menor cuantía las previsiones de trabajo en otros ámbitos.
¿Cómo en prevención de riesgos laborales?
No, pero, si vamos a incrementar en un 20% o un 25% las actuaciones, tenemos que hacerlo o a costa de tener más eficiencia o de cambiar prioridades.
Este será su primer Primero de Mayo como ministro. Teniendo en cuenta su pasado sindicalista, ¿cómo lo va a vivir?
Será distinto. Pero no es el primero que vivo desde la Administración. En cualquier caso, se vive con más responsabilidad. El Primero de Mayo es sobre todo una fiesta, aunque es verdad que, en situaciones como esta, lo normal es que los trabajadores reivindiquen más empleo y mejores elementos de protección social a pesar de la situación económica del país.
En los últimos años se ha vivido una cierta desmovilización social. Desde este lado de la barrera, ¿se observa con tristeza este fenómeno, pese a que sería el objeto de las posibles protestas?
Los trabajadores están preocupados. Es una crisis de intensidad desconocida que no se puede combatir con los sistemas tradicionales porque ahora compartimos moneda. Es una crisis que afecta al sistema financiero y esto significa que nuestra salida está siendo más lenta que en otras recesiones. Este conjunto de peculiaridades le da a esta crisis elementos de más preocupación y está detrás de ese menor grado de movilización. Parece que tiene un componente de retorno hacia dentro de cada uno y con menos expresión de grandes manifestaciones y ejercicios públicos de reivindicación.
Dicen que la izquierda no se manifiesta contra un gobierno socialista porque temen que lo que venga después sea peor. ¿No se consuela el que no quiere?
La historia muestra que la izquierda política ha sufrido también la contestación sindical, como en la huelga de 1988. Los gobiernos socialistas han tenido que afrontar otras reformas importantes que han tenido rechazo. Pero sí hay un elemento de complicidad global en el sentido de que las organizaciones sindicales saben que cuando ha sido económicamente posible seguir avanzando en políticas de igualdad y de solidaridad social, siempre ha tenido un Gobierno que ha avanzado en esa vía. Saben que acudimos a las citas de las reformas cuando el país lo exige, aunque sean dolorosas y exigentes, pero saben también que no somos rácanos en las políticas de protección social cuando el país tiene posibilidades de esa vía.
Hablando de reformas dolorosas, aún quedan flecos pendientes de la reforma laboral como el desarrollo reglamentario de los ERE. ¿En qué estado se encuentra?
El decreto con los nuevos supuestos de despido objetivo está en la fase final, culminado ya el periodo de consultas. No lo hemos publicado a la espera del resultado de la negociación de la reforma de los convenios.
¿Por qué esa vinculación?
Porque la negociación colectiva tiene elementos de flexibilidad interna y no queríamos una nueva legislación más vinculada al despido hasta acabar la negociación.
¿Cuándo estará listo?
Muy pronto, durante el mes de mayo podemos hacerlo.
¿Lo han hecho con el acuerdo de los agentes sociales?
Ha habido un proceso de consultas, no de negociación. El Gobierno ha incluido de una forma equilibrada lo de unos y otros. El texto incluye nuevos supuestos de despido y se concreta el asunto de la previsión de pérdidas, que en el texto anterior se recogía como causa de despido objetivo en los ERE.
¿Cómo?
El modelo dice que, para acreditar las pérdidas, se exija la existencia de un informe independiente sobre la previsión y sobre el funcionamiento de la empresa en el futuro, en relación con su sector, mercado y clientela. Esta es una situación que debe objetivarse lo más posible y no basta con la opinión de la empresa. Tiene que ser ajeno. Un experto o profesional independiente.
¿Quién designará a ese experto?
Es la empresa la que tiene que acreditar de qué forma ve ella su futuro. Y cómo afectarían sus pérdidas. Después la decisión sigue dependiente de la Administración laboral, que tiene la decisión final, y de la negociación con los representantes sindicales, que ayuda porque ha habido una discusión previa. Además, la legislación establecía que se podía recurrir al ERE cuando la situación era negativa y finalmente hemos incorporado la necesidad de que hubiera dos años consecutivos de pérdidas. Judicialmente se estaban exigiendo tres años, pero se ha adaptado.
¿Con la redacción final se podría decir que usted ya se siente cómodo con la reforma laboral?
Por supuesto. España cada cinco o seis años acomete procesos de reforma laboral. Busca siempre una menor dualidad laboral, más flexibilidad interna para que se apele menos al despido, que es la filosofía que preside la reforma de 2010. El avance ha sido muy significativo, pero atendiendo a nuestra historia tendremos cambios también en el futuro, que tienen que verse con normalidad. No tiene que ser una legislación que cambie todos los años, debe tener una estabilidad, pero hay que readaptarla en función de las circunstancias. Yo estoy contento con la situación en la que se encuentra institucionalmente el mercado de trabajo después de la reforma, pero no es suficiente.
¿Le inquieta que aún no haya acuerdo en negociación colectiva?
Sí, me inquieta. Es un elemento importante, porque la mejor reforma no es la que haga el Gobierno sino la que produzcan los interlocutores sociales. Si no termina con acuerdo, tendríamos que plantearnos en un espacio relativamente corto de tiempo una regulación del Gobierno. Pero tengo confianza en que agoten las dificultades pendientes. Merece la pena dar una oportunidad.
¿Ha echado un ojo a los borradores?
Tenemos información razonable.
¿Y le parecen bien?
Me parece muy bien. Estoy bastante de acuerdo con la orientación. Pero luego hay que trasladarla a texto concretos. Por ejemplo, que haya más papel para el arbitraje y la mediación en la resolución de los problemas de adaptación y flexibilidad interna de las empresas. Desjudicializar una parte de los conflictos, en línea con la reforma de junio. La idea es ir con una negociación colectiva con menos escalones y con más compromiso de los representantes de los trabajadores. Nos sentimos razonablemente cómodos en cómo lo están enfocando. El problema es que no han llegado a una concreción de esa reflexión, a un texto útil.
¿Les llama para pincharles?
Les llamo para preocuparme de la situación y ellos para informarme. La relación es muy fluida.
¿Es usted el artífice de la enmienda del PSOE para endurecer los ERE? Da la sensación de que la tenía pensada de antemano.
Habíamos pensado que había algunos modelos europeos a seguir, como el finlandés. Queremos asentar, por primera vez, el principio en nuestra legislación de que, si una empresa quiere ajustar con un ERE, que tenga la libertad para hacerlo; pero si implica a trabajadores que terminan enlazando por su edad con la jubilación, entonces tiene que contribuir a las arcas públicas por el gasto que inflinge en ellas. Si es una empresa que tiene dificultades, por supuesto que puede seguir utilizándolo. Lo que no queremos es que siga este espectáculo, sobre todo en épocas de crisis, de empresas con grandes beneficios que ajustaban trabajo sobre la base de compartir esos costes con el Estado. En el caso de Telefónica, siendo como es una empresa con buena tradición sindical nuestra Telefónica no es como la francesa y que tiene una tradición de diálogo, nos ha parecido un gran desacierto que se anuncie a la vez la asignación de bonos a sus directivos y la de reducir su plantilla. Telefónica siempre ha advertido que estaban dispuestos a que el coste sobre el sistema de protección por desempleo fuera sufragado por ellos. Si logramos entre todos que ese proceso en Telefónica termine bien y con una empresa que por primera vez asume los costes de sus jubilaciones, será un avance en esa materia.
¿Ha hablado estas semanas con el señor Alierta?
En más de una ocasión. Él es una persona que dirige con buen pulso una de las grandes compañías en el mundo. Tiene sus necesidades de adaptación... pero buena parte de mis reflexiones se comparten por la compañía.
Así que han llegado a un consenso.
Nuestra posición es que esto tenía que acabar en algún momento. Teníamos que asentar este nuevo principio en la legislación y nos ha alegrado la disponibilidad de Telefónica a poder afrontar también estas nuevas exigencias.
¿Los sindicatos están de acuerdo con la filosofía de dificultar los ERE?
En general la comparten, aunque quizá estén preocupados del resultado en una empresa concreta. Habrá más permanencia media del trabajador en la empresa. Los procesos de ajuste se retrasarán y, en mi opinión, habrá menos prejubilaciones. Será un instrumento que se utilizará menos. Las empresas tienen que buscar sus ajustes, pero es que habíamos llegado a límites difícilmente soportables.
¿Dónde va a pasar el primero de mayo?
Pues en mi pueblo.
¿No le da pena no ejercer ese año de sindicalista?
Pues sí, es lo que he hecho toda mi vida... Pero no es costumbre en España que asista a esta fiesta el ministro de Trabajo.