El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la libertad inmediata de 13 presuntos narcos marroquíes que estaban a punto de ser juzgados por tráfico de drogas, ya que habían sido detenidos en aguas internacionales,

El Pleno ha acordado por mayoría de 13 a 3 votos que España no tendrá jurisdicción para perseguir el delito de narcotráfico sí afecta a personas extranjeras detenidas en embarcaciones que naveguen en aguas internacionales sí el barco no tiene pabellón español  o no se acredita que el destino de la droga sea España.

Esta interpretación se debe a la limitación de la justicia universal, acordada por el Parlamento a instancia del Partido Popular. Esta limitación se produjo al reformar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificación que ha sido analizada por el Pleno.

De acuerdo a estos requisitos, el pleno ha acordado la libertad inmediata de 13 presuntos narcos marroquíes cuyo juicio estaba a punto de celebrar la sección segunda de la sala de lo penal.  Se ha dado cuenta a Extranjería a los efectos oportos.

En relación con el recurso presentado por la Fiscalía Antidroga por la excarcelación acordada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de 8 presuntos narcotraficantes sirios, el pleno ha acordado solicitar información complementaria para acreditar el destino de la droga incautada en la embarcación o la relación de la operación con España para determinar si pueden ser juzgados con la jurisdicción española.

Estos 8 sirios viajaban a bordo del Mercante Mayak, con 14,6 toneladas de droga. El barco tenía bandera de Sierra Leona y navegaba por el Mar de Alborán. El juez central de instrucción 3, Javier Gómez Bermúdez, dictó el pasado viernes, 11 de abril, un auto por el que archiva la causa.

Un total de 47 detenidos por tráfico de drogas en aguas internacionales podrían estar afectados por esta reforma del PP realizada para limitar a uña de caballo la jurisdicción universal y a través de un procedimiento que eludió los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, así como del Consejo Fiscal, que se emiten en la elaboración de leyes que afectan a la justicia y en los que se detectan posibles errores o repercusiones no deseadas.

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