La antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es de 216 días, en torno a los siete meses, pero los que llevan más tiempo atascados en este organismo datan de 2012, si bien el Gobierno asegura que ninguno de los casos está paralizado, aunque reconoce que 'excepcionalmente puede existir algún expediente no resuelto de años anteriores que o bien está pendiente de anulación por duplicación o bien tiene una problemática compleja'.

Así se recoge en una respuesta parlamentaria a los socialistas Patricia Blanquer y Ximo Puig, en la que los diputados reclamaban información sobre la acumulación de expedientes sin tramitar en el Fogasa, que garantiza los salarios ante casos de insolvencia empresarial. Según los datos aportados por el Ejecutivo, a 30 de septiembre de 2013 había pendientes de resolución en todo el país 181.579 expedientes, la cifra más alta desde 2008 (pese a no incluir el año completo), cuando el ejercicio se cerró con 10.072 casos sin cerrar. Las provincias con más casos retrasados son Barcelona (37.588), Madrid (33.800) y Valencia (26.547).

Sin embargo, el Gobierno explica que no puede cuantificar el gasto que suponen estos expedientes acumulados ya que 'no son homogéneos, no siempre son individuales, no todos se rigen por la misma legislación ni a todos les afectan los mismos límites de cuantía', por lo que el cálculo sólo será posible una vez concluya la tramitación.

En cualquier caso, los retrasos no generan intereses a favor de los afectados, a quienes no se informa por escrito sobre la situación de su caso aunque 'sí se les informa verbalmente en el momento en que, de manera presencial o a través de certificado electrónico, solicitan cualquier aclaración sobre este tema'.

La situación de atasco de las delegaciones de Fogasa se debe, según el Ejecutivo, a un 'aumento de solicitudes a causa de la crisis económica', que ha provocado que 'en varias unidades provinciales del organismo se hayan acumulado un número muy alto de expedientes pendientes de tramitación'. Para aliviar la situación, el Fogasa aumentó su plantilla en 136 efectivos el año pasado, con lo que el personal cerró el ejercicio con 407 trabajadores, más que los 395 de un año antes aunque por debajo de los 410 que había en 2011 o los 416 de 2010. No obstante, el Fogasa ha 'convocado dos concursos de cobertura de vacantes con los que se pretende completar la plantilla disponible y que están en este momento a punto de ser resueltos', dice el Gobierno.

Además, se han puesto en marcha grupos de trabajo de funcionarios que, fuera de su jornada, ayudaban a agilizar las tramitaciones; trabajadores de provincias con menor carga de trabajo han resuelto también expedientes de otras zonas del país, se han nombrado funcionarios interinos y se han cubierto las vacantes de todos los niveles para que 'la plantilla tenga una ocupación completa'. También se ha llevado a cabo un 'proyecto de apoyo a las tareas instrumentales' de Fogasa para reducir el tiempo medio de tramitación de los expedientes acumulados --una acción 'temporal y transitoria que desaparecerá al eliminar la bolsa de estos casos', precisa el Gobierno--, y se ha encomendado a la empresa pública estatal Tragsatec algunas labores de apoyo e instrumentales al fondo.

Sobre este asunto, el Gobierno explica en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto que Tragsatec 'no resuelve expedientes' sino que se encarga de 'tareas de apoyo, instrumentales y de carácter accesorio, como por ejemplo comprobación, almacenamiento, archivo o registro, control de calidad, clasificación y comunicación en las distintas fases de tramitación del expediente'.

La encomienda se ha hecho por casi 3,27 millones de euros de presupuesto, lo que a juicio del Gobierno 'combina rentabilidad y eficacia' y es la opción 'más rentable y eficaz' de cuantas se valoraron.