Las asociaciones de jueces están divididas en relación al acuerdo de la Junta Electoral Central de declarar ilegales las manifestaciones del "Movimiento del 15-M", y mientras la conservadora y mayoritaria APM defiende la decisión, Jueces para la Democracia, de carácter progresista, apuesta por autorizarlas.

La JEC decidió ayer prohibir todas las manifestaciones del llamado "Movimiento del 15-M" tanto en la jornada de reflexión de mañana, sábado, como durante las elecciones del próximo domingo.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha resaltado el derecho de los españoles a tener una participación electoral sin crispación, por lo que ha considerado adecuado que la JEC lo haya preservado para estos próximos comicios.

Llarena ha recordado que la Ley Electoral establece un "impasse" durante dos días -la jornada de reflexión y la de las elecciones- con el objetivo de que no se turbe a los ciudadanos a la hora de decidir el sentido de su voto y ninguno se sienta "incómodo" a la hora de acudir a los colegios electorales.

Postura contraria es la que mantiene la asociación Jueces para la Democracia (JpD), que discrepa del acuerdo de la JEC con el que -sostiene- se crea "un problema nuevo desde una interpretación restrictiva de un derecho fundamental como el de reunión" y, especialmente, cuando la intención de los concentrados "no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta".

Esta asociación cuestiona además la propia competencia de la JEC, ya que, según indica, ésta sólo se refiere a las actividades llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones para captar votos.

Por ello, JpD cree que se debería apostar de forma "clara y contundente" por permitir la continuidad de este movimiento y confía en que no se acudan a vías represivas para imponer la decisión adoptada por la JEC.

Para el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, la decisión adoptada por la JEC es discutible, al igual que si hubiera decidido en sentido contrario, es decir por autorizar la movilización.

El movimiento "está en el filo de lo admisible o no", ha señalado Sexmero a Efe.

No obstante, ha considerado que hubiera sido más respetuoso con el derecho de reunión autorizarlo, sobre todo dada la "confusión" que existe sobre los objetivos en los que se basa la movilización.

El portavoz de Francisco de Vitoria ha defendido la competencia de la JEC para decidir sobre este asunto ya que, aunque no se trata de un partido político, la movilización puede tener una incidencia, aunque sea mínima, en el derecho al voto del resto de los ciudadanos.

Mientras, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha manifestado también su discrepancia con la decisión y ha indicado que la limitación del ejercicio libre de los derechos fundamentales y libertades públicas constitucionalmente reconocidos debe interpretarse restrictivamente, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.