Arizona, un estado dividido por la intolerancia y la polarización

La masacre del sábado pasado en Tucson ha destapado la tensa situación que vive Arizona, un estado fronterizo y candente, donde muchos activistas y políticos viven amenazados por sus posturas sobre el control de armas o la reforma migratoria.

Ese día, un joven descargó su pistola semiautomática durante un acto organizado por la congresista demócrata Gabrielle Giffords, que recibió un tiro en la cabeza a quemarropa.

En el ataque murieron seis personas, entre ellas el juez federal John Rol, y resultaron heridas otras 14. Tanto la congresista como el juez habían recibido amenazas en el pasado.

En 2009, Roll dictaminó que una demanda por 32 millones de dólares presentada por 16 inmigrantes indocumentados en contra del controvertido ranchero Roger Barnett podía seguir adelante, lo que le valió incluso amenazas de muerte.

También Giffords fue víctima de fuertes ataques por parte de un movimiento ultraderechista, algunos afiliados del Tea Party, durante las elecciones legislativas del pasado noviembre, en las que logró ser reelegida por un escaso margen para un tercer mandato en representación del Distrito 8, que tiene frontera con México.

Sarah Palin, la cabeza más visible del Tea Party, puso el nombre de Giffords en una lista de "blancos" de representantes que consideraba deberían ser derrocados en las ultimas elecciones dada a conocer el pasado mes de marzo.

La masacre de Tucson ha servido para poner en evidencia ante la opinión pública las tensiones que se viven en un Estado que, para muchos activistas y políticos, está dividido por la intolerancia, y regido por un ambiente político polarizado especialmente por temas como la reforma de salud y de la legislación migratoria, así como por el control en la venta de armas de fuego.

Uno de los que lo está sufriendo en carne propia es el congresista Raúl Grijalva, quien en la última campaña electoral estuvo muy cerca de perder al convertirse en el blanco de grupos conservadores que lo señalaban por apoyar abiertamente una reforma migratoria a nivel federal.

"Creo que ha llegado el momento de que nosotros como país, y especialmente en este Estado, esta retórica llena de odio y que crea divisiones deje de hacer demonios y de convertir a un oponente en un enemigo", dijo a Efe Grijalva.

Sus oficinas en Yuma fueron el blanco de un ataque a tiros después de que el demócrata, hijo de un bracero mexicano, expresara públicamente su apoyo a un boicot económico en contra del estado de Arizona cuando se aprobó la controvertida ley estatal SB1070.

La SB1070 es la primera ley estatal en los Estados Unidos en criminalizar la presencia de un inmigrante indocumentado. También convierte a la policía en potenciales agentes migratorios, pues les permite cuestionar el estatus migratorio de personas que "sospechen" que se encuentran de manera ilegal en los EEUU.

Aunque las cláusulas más polémicas de la SB1070 fueron bloqueadas por un juez federal, la nueva ley dividió al Estado entre aquellos que apoyan los derecho de los inmigrantes y quienes favorecen leyes más severas en contra de la inmigración indocumentada en este país.

"Antes recibíamos amenazas y no prestábamos mucha atención, pero ahora con este atentado sufrido por la congresista Giffords, creo que todos debemos preocuparnos por la seguridad", indicó Grijalva.

Esto incluye también, añadió, la seguridad de las familias de los representantes públicos y sus trabajadores.

El congresista demócrata reconoció que será difícil encontrar un punto medio de equilibrio entre la seguridad y la accesibilidad a los ciudadanos.

Otro ejemplo de la división que se vive en Arizona desde hace varios años es el atentado que sufrió Mary Rose Wilcox, Supervisora del Condado Maricopa y quien fue herida de bala en 1997 después de una cerrada votación para construir un estadio de béisbol para el equipo profesional de los Arizona Diamondbacks.

"El hombre que me disparo me dijo que escuchó una vez y otra vez en la radio que deberían quitarme del camino", relató entonces Wilcox.

Para la activista Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona y quien durante años ha luchado a favor de los derechos de los inmigrantes, el estado de Arizona simplemente se ha convertido en "la incubadora" del odio en los Estados Unidos.