Argentina abre nuevas diligencias contra Martín Villa mientras el Congreso vota en contra de juzgar los crímenes franquistas
El mismo día que el PSOE y las derechas dan carpetazo a la posibilidad de reformar el Código Penal para juzgar los crímenes del franquismo, la jueza Servini pide más información para investigar la responsabilidad penal del exministro en la dictadura.
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Madrid, Actualizado:
La jueza María Servini, al frente del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Argentina, notificaba este martes una resolución en la que acordaba la práctica de una serie de diligencias probatorias para determinar la responsabilidad penal del exministro Rodolfo Martín Villa durante la dictadura.
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En concreto, se trata de dirimir su relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el período comprendido entre 1976 y 1979 en el que Martín Villa fue Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior.
Esta decisión se produce, paradójicamente, después de que el PSOE se opusiera el mismo martes en el Congreso a una iniciativa de sus socios parlamentarios que propone un cambio del Código Penal para explorar vías alternativas que permitan juzgar crímenes del franquismo, al defender que la propuesta vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad.
Los socialistas se suman así al bloque de PP, Vox y Ciudadanos contra la toma en consideración de la proposición de Ley registrada por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, BNG y CUP en un momento en que la tramitación de la Ley de Memoria Democrática se encuentra parada.
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Nuevo impulso a la investigación judicial
Martín Villa continúa imputado en la querella argentina por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad y la Jueza Servini impulsa nuevamente su investigación judicial con la intención de reforzar dicha imputación y que finalmente sea procesado por los citados crímenes.
Por otra parte, este martes se conocía también la decisión del juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz de archivar la querella de Podemos para investigar al exministro por su posible responsabilidad en la masacre de la ciudad el 3 de marzo de 1976, en la que la Policía mató a cinco personas, incluido un menor.